La producción y exportación de oro ilegal ya superó formalmente a la del oro legal en el Perú por primera vez en la historia. Las cifras oficiales difundidas por el Instituto Peruano de Economía (IPE) confirman un cambio drástico en la minería nacional, impulsado principalmente por los precios récord del metal precioso a nivel internacional. Este ha llegado a cotizarse en niveles de US$ 5,000 la onza troy, cuando en el año 2000 a duras penas se tasaba en menos de US$ 500.
El Perú se ha convertido en el principal exportador de oro ilegal de Sudamérica, concentrando el 44% de todo el ilícito que sale de la región. Le siguen de lejos Colombia (25%) y Bolivia (12%).
Tiene mayor lucro que el narcotráfico: debido a que el valor de la onza ronda máximos históricos (promediando US$ 4,500 en 2026), esta actividad delictiva se ha vuelto mucho más lucrativa y expansiva que otras economías ilegales tradicionales. Además:
- Fracaso en la formalización: El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence en diciembre de 2026, solo ha logrado formalizar al 2% de los mineros.
- Impacto criminal colateral: Este auge financia redes delictivas complejas, mafias de lavado de activos, y promueve delitos graves como la trata de personas, el contrabando fronterizo (especialmente hacia Bolivia) y la destrucción ambiental en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad.
En rigor, Fiorella Hokama, para RPP, señala que nos encontramos en un contexto actual adverso en las zonas mineras del Perú, donde se incrementan la violencia, la deforestación y el crimen organizado, mientras las acciones estatales continúan sin efectos significativos contra esta lacra.
Desvío de mercados, violencia y el retroceso del presupuesto estatal
Por una débil fiscalización estatal, el territorio peruano se ha consolidado como el principal exportador de oro ilegal en América del Sur, aportando el 44% del total regional.
Hace años, el 75% de las exportaciones auríferas tenían como destino Suiza, EE. UU. y Canadá. Ahora, cerca del 40% de los envíos se dirigen hacia la India y los Emiratos Árabes Unidos, mercados con menores exigencias sobre el origen de los productos, señala un informe de la consultora IPE. En paralelo, los destinos comerciales se han desplazado hacia plazas menos fiscalizadas, donde las condiciones de trazabilidad del mineral son mínimas.
Se enfatiza que el impacto de esta economía subterránea va más allá de lo económico: entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios en el país subió de 3.5 a 6.0 por cada 100,000 habitantes. En zonas vinculadas directamente con esta actividad, como Madre de Dios y La Libertad, el incremento fue aún mayor (+6.5 y +6.1 respectivamente).
La deforestación también refleja esta problemática, puesto que se han perdido cerca de 31,000 hectáreas de bosque en solo tres años, equivalentes a unas 43,000 canchas de fútbol, debido a la expansión de estas labores extractivas, según estimaciones del Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP).
Y en el colmo, a pesar del crecimiento del crimen y la degradación ambiental, el presupuesto público para combatir la minería ilegal ha caído un 37% en términos reales desde 2019. En 2024, solo se destinó S/ 89 millones al programa “Reducción de la minería ilegal”, frente a los S/ 121 millones de hace cinco años.
Además, medidas como el Reinfo —creado para promover la formalización— han resultado ineficaces. De los 84,470 registros, el 76% están suspendidos, pero sus titulares siguen operando sin ser considerados infractores por las autoridades.
El IPE plantea una estrategia clara: «El cierre del Reinfo y, en su lugar, implementar una política integral, con un régimen que promueva la regularización, sin ampliaciones ni exenciones de responsabilidades penales a los involucrados. Por lo tanto, lejos de medidas improvisadas y populistas, es clave priorizar un enfoque firme y coordinado. Esto requiere del liderazgo conjunto del Ejecutivo y el Congreso para adoptar normativas que promuevan una actividad minera sostenible».
El rol del BCRP, la controversia monetaria y el oro desatendido
Hace un lapso, cuando el Congreso pretendió buscar el apoyo del BCRP para aminorar el problema de este mineral clandestino, su presidente señaló que no es función del banco central comprar oro ni minerales, y que las instituciones emisoras del mundo no adquieren estos recursos directamente a los extractores. Dijo claramente que:
- Sobre la ilegalidad: Sostuvo que si el oro es ilícito, su adquisición por parte de una entidad pública no borra ni elimina su procedencia criminal.
- Magnitud del problema: Advirtió que las exportaciones de oro ilegal alcanzaron cerca de US$ 12,000 millones en 2025, igualando el volumen de la minería formal.
- Falta de presencia estatal: Apuntó que el oro clandestino se moviliza a través de plantas procesadoras autorizadas por canales formales y que el verdadero nudo crítico radica en la escasa presencia y fiscalización del Estado, más que en quién realiza la transacción final.
Recordó que el oro es un activo sumamente volátil y que grandes potencias como Estados Unidos o Alemania no compran reservas masivas de oro desde hace décadas.
Por supuesto que su información no era del todo correcta, pero el funcionario siempre prefiere la total autonomía de su BCRP, considerado un ente excelente, pero que a nuestro juicio muestra deficiencias que no han sido discutidas en sus perspectivas correspondientes, como el probable rol en una economía que padece una enorme informalidad del 70%.
Y peor aún por una autoridad que no admite su inmenso error de no haber adquirido onzas de oro en los mercados internacionales, tal como lo han hecho muchos bancos centrales, dando explicaciones fuera de la realidad sobre el metal precioso, más que nada respecto al rol del mismo en EE. UU. y Alemania; amén de usar apenas 34.7 toneladas de oro en la reserva peruana frente a las 39,000 toneladas existentes en el mundo entero. ¡Qué roche!