Lima vive una de las peores crisis de seguridad de su historia. La extorsión se ha convertido en un negocio multimillonario, el sicariato dejó de ser un hecho aislado y el crimen organizado se ha instalado en barrios donde el Estado parece haber renunciado a ejercer autoridad. En este escenario, la lucha contra la delincuencia exige experiencia, conocimiento técnico y una estrategia integral. Por eso resulta difícil entender la decisión de Rafael López Aliaga de presentar al comediante y excandidato presidencial Carlos Álvarez como jefe del plan de seguridad ciudadana de Renovación Popular para Lima.
La primera pregunta es inevitable: ¿cuál es la experiencia de Carlos Álvarez en seguridad ciudadana?
Su trayectoria pública es ampliamente conocida. Ha sido actor, imitador, productor, conductor de televisión y candidato presidencial. Sin embargo, no registra antecedentes como especialista en seguridad, gestión policial, criminología, inteligencia, administración pública en materia de seguridad ciudadana o diseño de políticas de lucha contra el crimen. Y eso importa.
No es un chiste
La seguridad ciudadana no es un sketch de televisión ni un escenario para frases efectistas. Es uno de los problemas más complejos del país y requiere conocimientos técnicos, coordinación institucional, manejo de presupuestos, trabajo de inteligencia, prevención, articulación con la Policía Nacional, las municipalidades y el sistema de justicia.
Presentar un plan de seguridad basado en la promesa de instalar 10 mil cámaras con inteligencia artificial y una inversión de 100 millones de soles puede sonar atractivo, pero las cámaras, por sí solas, no derrotan al crimen. Las ciudades más seguras del mundo no lo son por la cantidad de cámaras que tienen, sino porque cuentan con estrategias integrales, capacidad de inteligencia y autoridades que saben cómo enfrentar a las organizaciones criminales.
Demagogia
Pero lo más preocupante es el tono que acompaña esta propuesta. «Me importa un pepino como ciudadano… los derechos humanos de estos miserables; aquí los derechos humanos son de las víctimas», afirmó Carlos Álvarez.
La frase seguramente arrancará aplausos entre una población cansada de la delincuencia. La indignación de los ciudadanos es comprensible. Sin embargo, gobernar no consiste en repetir lo que la gente quiere escuchar.
La seguridad ciudadana no se construye sobre la ira ni sobre la confrontación verbal. Tampoco sobre discursos que plantean una falsa disyuntiva entre los derechos de las víctimas y el respeto al Estado de derecho. Un Estado democrático está obligado a proteger a las víctimas y, al mismo tiempo, actuar dentro de la ley.
La historia latinoamericana está llena de ejemplos de líderes que prometieron «acabar con los delincuentes» a punta de discursos de mano dura y terminaron fracasando porque confundieron el enojo ciudadano con una política pública.
Experimento de Porky
Rafael López Aliaga tiene todo el derecho de rodearse de las personas que considere convenientes para su proyecto político. Pero la seguridad de ocho millones de limeños no puede convertirse en un experimento ni en una extensión del espectáculo político.
La capital necesita especialistas, estrategas, gestores y personas con experiencia probada en la lucha contra la delincuencia. El crimen organizado no se combate con frases de alto impacto ni con declaraciones destinadas a viralizarse en redes sociales. Se combate con inteligencia, planificación, capacidad de gestión y conocimiento del enemigo.
Lima merece un debate serio sobre seguridad ciudadana. Merece propuestas técnicas, metas medibles y responsables con experiencia. Porque cuando el miedo se apodera de una ciudad, lo último que se necesita es improvisación.