¿Cuántos millones tendrá que devolver Keiko Fujimori a los empresarios que financiaron sus campañas? Una vez instalada en el poder, ¿a alguien le queda alguna duda de que quienes pusieron millones de dólares sobre la mesa no querrán recuperar su inversión?
La hija de Alberto Fujimori, la misma que impulsó un modelo que entregó los ahorros de los trabajadores a las AFP, ¿se negará a pagar los favores a quienes durante años habrían financiado sus campañas? ¿Alguien cree seriamente que los millones que ingresaron al fujimorismo fueron simples actos de generosidad? ¿De verdad hubo empresarios que entregaron fortunas por amor a la democracia?
Los ilusos que votaron por Keiko deberían preguntarse algo elemental: ¿de dónde saldrá el dinero para satisfacer las expectativas de sus millonarios aportantes?
Desde ahora, prepárense para el saqueo del Estado. El «Monstruo» Erick Moreno es un bebé de pecho al lado de la maquinaria política y económica que está a punto de tomar el poder. Los gánsteres de cuello y corbata celebran porque un eventual gobierno de Keiko administrará un Presupuesto General de la República superior a los S/ 270 mil millones anuales, además de tener en sus manos grandes proyectos de infraestructura, concesiones, asociaciones público-privadas, programas sociales y contrataciones estatales que movilizan miles de millones de soles.
Sin control
El manejo de semejante volumen de recursos exige instituciones sólidas e independientes capaces de garantizar la transparencia y evitar cualquier conflicto de interés entre el poder político y los grupos económicos que apoyaron una candidatura. Pero esas instituciones ya no existen con la fortaleza de antes y el fujimorismo tiene prácticamente el camino libre para gobernar sin mayores contrapesos.
El fujimorismo, antes de regresar al poder, ha logrado una enorme influencia política sobre las principales instituciones del Estado y cuenta, además, con el respaldo de poderosos grupos empresariales y mediáticos. Su padre tuvo los «Diarios Chicha»; Keiko tiene la «TV Chicha», programas dominicales alineados y un ejército de «monos con metralleta» en las redes sociales.
Con los antecedentes de la señora K y los oscuros personajes que históricamente han orbitado alrededor del fujimorismo, quedan pocas dudas de que un eventual gobierno estará sometido a enormes presiones para devolver favores políticos y empresariales, más aún cuando los mecanismos de control y fiscalización se encuentran debilitados.
Sin instituciones fuertes e independientes, como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control, la labor fiscalizadora queda severamente limitada y recaerá, principalmente, en la prensa independiente y en la ciudadanía.
La historia reciente del Perú demuestra que la democracia no depende únicamente de quién gana las elecciones, sino de la capacidad de las instituciones para investigar, fiscalizar y ejercer control sobre cualquier gobierno, independientemente de su color político.
Recibió millones
Según la acusación del Ministerio Público, Fuerza Popular habría recibido y lavado más de US$ 17,3 millones a través de diferentes mecanismos de financiamiento, entre ellos aportes de empresarios, actividades proselitistas y otros recursos económicos.
Entre los aportes más relevantes figura la declaración del empresario y banquero Dionisio Romero, quien reconoció haber entregado US$ 3,65 millones para la campaña presidencial de 2011. Asimismo, las investigaciones del caso Odebrecht incorporan testimonios sobre presuntos aportes de la constructora brasileña a la candidatura de Keiko Fujimori. También se investigaron presuntos aportes de empresarios vinculados al denominado Club de la Construcción.
Durante más de una década, las campañas presidenciales de Keiko Fujimori han estado bajo investigación por su financiamiento. El denominado Caso Cócteles se convirtió en uno de los procesos judiciales más importantes de la política peruana, con las confesiones de numerosos falsos aportantes y los testimonios sobre dinero no declarado que habría ingresado a las campañas de Fuerza Popular.
Y vuelvo a la pregunta inicial: ¿alguien cree realmente que los millones que presuntamente ingresaron a las campañas fujimoristas fueron simples actos de generosidad? ¿Fueron donaciones desinteresadas o apuestas políticas realizadas con la expectativa de obtener influencia y beneficios cuando el poder regresara a manos del fujimorismo?
Porque en política, y más aún cuando se habla de millones de dólares, nadie pone dinero por altruismo. Tarde o temprano, la factura siempre llega.