Este 28 de julio de 2025 la señora Dina Boluarte expondrá ante todos los peruanos su último (felizmente) mensaje presidencial. No se debió dar pero cuando desde el Estado hablan los proyectiles contra el pueblo, se impone un gobierno fascista, una dictadura, disfrazada de falsa democracia, que va destruyendo las instituciones del país.
Desde que Dina Boluarte se impuso como Presidenta de la República en alianza con sectores ultra conservadores de la derecha política peruana, con las élites económicas, sectores empresariales, las élites de las fuerzas armadas y policía nacional; dejando un saldo de decenas de víctimas inocentes asesinadas por ejercer su derecho a la protesta social, la gestión nefasta al frente de palacio de gobierno se ha caracterizado por resultados negativos en contra de los peruanos pobres y se profundiza cada día más.
Además, el pacto cómplice del poder ejecutivo con los partidos políticos de derecha, extrema derecha junto con la pseudo izquierda en el congreso de la república, ha servido sólo para administrar la pobreza, la informalidad laboral, las altas tasas de crímenes producto de la inseguridad ciudadana, la corrupción, el desempleo; siendo que en algunos casos han tomado decisiones juntos para profundizar más esta crisis en contra de los peruanos y de la fuerza laboral.
Independientemente de este fenómeno político social, de tener al frente del poder ejecutivo y del congreso de la república a personas que los peruanos y peruanas no debimos haber dejado pasar luego del 7 de diciembre de 2022, los trabajadores y trabajadoras no tenemos esperanzas de mejoras reales que se puedan anunciar en este último mensaje por fiestas patrias.
Sin embargo, la clase trabajadora peruana exigimos decisiones políticas que se traduzcan en acciones concretas, como las siguientes:
- No más muertes de peruanos y peruanas como consecuencia de la inseguridad ciudadana y combate efectivo contra el crimen organizado, las economías ilegales, sicariato, cobro de cupos, extorsiones, asaltos, etc.
- No más corrupción en el aparato estatal, situación que está fuera de control y que nos cuesta a todos los peruanos miles de millones de soles del presupuesto nacional (2023: 24 mil millones – 2024: 31 mil millones).
- Alto a los despidos ilegales y fraudulentos en masa de trabajadores en el sector público y sector privado, en especial de dirigentes sindicales y trabajadores que forman parte de sindicatos.
- Exigimos la generación masiva de empleo digno y sostenible para combatir frontalmente la informalidad y la pobreza.
- Urgente incremento de la remuneración mínima vital para atender las necesidades básicas de nuestras familias (alimentación, salud, educación, vivienda).
- Cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019 para que las pensiones de nuestros jubilados no sean menores al sueldo mínimo vital.
- Reforma integral de las normas legales para un adecuado ejercicio de la libertad sindical (el año 2023 la OIT identificó al Perú como país infractor del Convenio 87).
- Derogatoria inmediata de todas las leyes pro crimen y de las leyes que criminalizan la protesta social.
Y Por supuesto, la bandera principal de los trabajadores y trabajadoras es el inmediato cambio de la Constitución Política del Perú, para reconstruirnos como Estado y como Nación.