La discrepancia en las mediciones entre el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ocurre principalmente por cómo evalúan sectores complejos como Servicios, Comercio e Informalidad, sumado a un «Año Base» desactualizado desde 2007. Mientras el INEI es el organismo oficial encargado de recopilar los datos reales de encuestas y censos nacionales, el BCRP procesa esa información, la cruza con indicadores financieros (como uso de tarjetas de crédito, recaudación tributaria e importaciones) y, a menudo, encuentra que la economía real se desplaza a una velocidad distinta de la que reportan los datos oficiales.
Un año base obsoleto convierte al Producto Bruto Interno (PBI) en un indicador volátil y polarizado: sobreestima el crecimiento cuando los sectores tradicionales de 2007 registran picos de producción, y subestima el desempeño general al ignorar la riqueza generada por los nuevos negocios del siglo XXI. Al final, el resultado es una cifra distorsionada que carece de confiabilidad y no se actualiza.
Sin embargo, existe un factor aún más preocupante en la composición del Índice de Precios al Consumidor (IPC): la reducción del peso otorgado a los alimentos y bebidas (que históricamente superaba el 50% en diversas economías en desarrollo) mediante la desagregación o incorporación de nuevas categorías, tales como los menús y servicios de restaurantes. ¿Acaso esto no atenúa artificialmente el impacto estadístico?
Por un lado, la justificación técnica sostiene que los hábitos de consumo evolucionan y que, conforme la economía se transforma, las familias destinan mayor presupuesto a servicios fuera del hogar.
Sin embargo, desde la perspectiva de la economía familiar, el impacto resulta sustancialmente distinto: • Los alimentos básicos constituyen un gasto inelástico: no es posible prescindir de ellos. • El desplazamiento del peso estadístico hacia los servicios gastronómicos puede enmascarar la pérdida real del poder adquisitivo, toda vez que el precio de un menú incluye costos de alquiler, mano de obra y margen comercial, variables que no evolucionan al mismo ritmo que las materias primas agrícolas. • Para los sectores de menores recursos (donde la alimentación absorbe casi la totalidad del presupuesto), esta modificación metodológica provoca que la inflación oficial figure por debajo del encarecimiento que experimentan cotidianamente.
Un indicador desconectado del bolsillo popular
Modificar la metodología del IPC es una decisión técnicamente válida para actualizar la canasta de consumo; no obstante, el riesgo de una desconexión entre la «inflación oficial» y la «inflación de la calle» es plenamente real. Cuando las métricas se refinan al extremo de no reflejar el costo de vida de las poblaciones más vulnerables, el indicador pierde toda credibilidad.
Ante ello surge la interrogante: ¿constituyen estos ajustes metodológicos una evolución necesaria de la ciencia estadística o se tratan de un mecanismo para maquillar la realidad económica?
Dicha modificación representa, sin duda, un maquillaje pernicioso e injustificado, más aún cuando los datos muestrales de menús y restaurantes carecen de fiscalización efectiva. Cabe insistir en que el INEI ha incurrido en la torpeza de mantener inmóvil el año base de 2007, abriendo la puerta a múltiples deficiencias adicionales.
Resulta lamentable contar con un Parlamento inerte que no investiga estos desfases, así como con un BCRP que promociona de forma reiterada su meta del 2% anual bajo la dirección de un Julio Velarde poco transparente, que manipula las cifras según su conveniencia e incluso recurre a la inflación subyacente para discrepando abiertamente con el propio INEI.
La brecha entre el dato técnico y el gasto diario
Existe, pues, una brecha notoria entre la inflación oficial y la inflación percibida. La vasta oferta de menús en Lima y la heterogeneidad de sus distritos son un hecho innegable; el INEI lo reconoce y aplica técnicas de ponderación estadística con la intención de que esa diversidad no distorsione el resultado final a la baja de forma arbitraria.
Para comprender por qué la cifra oficial parece distanciarse del presupuesto real, conviene examinar la estructura de su cálculo y sus limitaciones metodológicas:
- Ponderación geográfica y hábitos de consumo
El INEI no asigna la misma relevancia a todos los distritos. A fin de evitar que la dispersión de precios en zonas populosas o heterogéneas altere la muestra, aplica un criterio de ponderación: • Encuestas de Presupuestos Familiares: Evalúan la proporción del gasto total de los hogares limeños destinada a «Alimentos consumidos fuera del hogar» (rubro en el que se consigna el menú). • Representatividad: Si un distrito registra mayor volumen poblacional o de consumo gastronómico, su peso en el cálculo del IPC resulta proporcionalmente superior al de una jurisdicción más pequeña.
- Reduflación y el sesgo por sustitución
La sospecha de que la inflación se invisibiliza hacia abajo responde a dos fenómenos que las métricas tradicionales tardan en registrar: • Efecto Sustitución: Si el precio del menú sube de S/ 12 a S/ 16, el consumidor opta por un establecimiento de S/ 13 o reemplaza el plato principal por una alternativa más económica. El IPC asume cierta flexibilidad en la conducta del consumidor, lo cual suaviza la variación estadística. • Reduflación (menos volumen por igual precio): Numerosos establecimientos optan por mantener la tarifa fijada en pizarra, pero reducen el tamaño de las porciones, sustituyen insumos por ingredientes de menor costo (reemplazando carne por pollo o suprimiendo verduras costosas) o eliminan la entrada y el refresco. Desde el punto de vista estrictamente económico esto constituye inflación —se paga el mismo monto por un bien menor—, aunque su medición exacta en miles de locales limeños resulta sumamente compleja.
- Las limitaciones del promedio en la vida real
El paralelo con las encuestas de opinión gráfica con claridad el problema. En estadística, un nivel de confianza del 95% no garantiza exactitud matemática para el gasto individual, sino que, de repetirse la medición 100 veces bajo condiciones idénticas, en 95 de ellas el promedio real se ubicará dentro del rango estimado.
El IPC opera como un promedio general ponderado. Si un ciudadano reside en un distrito donde el precio del menú se incrementó en 20% y su consumo diario se concentra allí, su tasa de inflación personal superará ampliamente el 1.5% o 3% que difunde el BCRP para Lima Metropolitana. El promedio no representa una falsificación explícita, sino una simplificación abstracta de una dinámica urbana sumamente compleja.
Las contradicciones en las políticas del BCRP
A este panorama se suma el uso recurrente por parte de Julio Velarde de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en lugar de la Posición de Cambio (Cuadro 22 de la Nota Semanal). Resulta incomprensible sostener que aquellos usuarios excluidos del sistema bancario tradicional debido al tope de tasas de interés (114% anual) terminen recurriendo al crédito informal y delictivo del «gota a gota», donde las tasas alcanzan hasta 10,000% anual. Dicha narrativa coincide con los argumentos de Asbanc, entidad dedicada a defender los intereses del oligopolio bancario y sus elevados márgenes de intermediación (spread), mientras se mantienen rendimientos negativos para los ahorristas; al punto que su representación institucional es convocada por el Ministerio de Economía y Finanzas para integrarse en comisiones técnicas de cambio.
Gatopardismo institucional y falta de fiscalización
A todo ello se añade que la Comisión de Economía y la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso carecen de cuadros técnicos especializados, recurriendo a asesores designados por afinidad personal. Por su parte, la labor de fiscalización periodística queda confinada a profesionales con escasa formación en la materia, derivando en coberturas efectistas en busca de audiencia que no generan reformas de fondo. Se configura así la clásica premisa del gatopardismo: «Que todo cambie para que todo siga igual».