Fernando Rospigliosi es, probablemente, uno de los ejemplos más claros de degradación política en el Perú reciente. El hombre que durante años cuestionó al fujimorismo terminó convertido en uno de sus operadores más útiles dentro del Congreso. El antiguo crítico del autoritarismo hoy aparece defendiendo a Keiko Fujimori y alineado con una agenda que busca controlar instituciones, blindar responsabilidades y perseguir a quienes no se someten al nuevo poder. Su caso no es una simple evolución ideológica. Es una claudicación.
Rospigliosi fue presentado por Fuerza Popular como especialista en seguridad ciudadana y terminó incorporado al universo político que antes combatía. Su empresa recibió pagos de Fuerza Popular por trabajos vinculados a seguridad ciudadana antes de su incorporación al equipo técnico fujimorista. Desde entonces, su papel público ha sido cada vez más evidente: ya no fiscaliza al poder, lo defiende.
Contra los DD.HH.
El giro más grave está en el campo de los derechos humanos. Quien alguna vez estuvo vinculado a la defensa de esos principios, hoy impulsa normas y discursos orientados a proteger a militares y policías procesados por presuntos abusos. Bajo el argumento de acabar con una supuesta “persecución judicial”, se pretende debilitar la búsqueda de justicia para víctimas de graves violaciones a sus derechos fundamentales.
Ese discurso es peligroso porque convierte la rendición de cuentas en persecución y presenta a jueces y fiscales como enemigos cada vez que no fallan de acuerdo con sus intereses políticos.
Rospigliosi ya no defiende la independencia de las instituciones. Las ataca. Su lenguaje contra el sistema judicial y el Ministerio Público revela una lógica autoritaria: si un juez o fiscal no se alinea con su visión, entonces debe ser removido, denunciado o sometido. Esa no es una reforma de justicia. Eso es una cacería política disfrazada de limpieza institucional.
El personaje es aún más contradictorio porque durante años construyó una imagen de analista severo, crítico del abuso de poder y enemigo de los autoritarismos. Pero cuando el fujimorismo le abrió la puerta, ese discurso se evaporó. El antifujimorista terminó sentado en la bancada fujimorista. El crítico de Keiko terminó defendiéndola. El defensor de controles institucionales terminó empujando una agenda para doblegar a quienes incomodan al poder.
Esa es la cara oculta de Rospigliosi: la del político que cambió de trinchera no por convicción democrática, sino por conveniencia política.
Papel nefasto
Hoy su papel en el Congreso resulta nefasto porque no representa una voz de equilibrio, sino de revancha. No busca fortalecer la democracia, sino someter sus instituciones. No promueve justicia, sino blindajes. No defiende al ciudadano, sino una agenda de poder.
El Perú ha visto muchos tránsfugas ideológicos, pero pocos tan simbólicos como Fernando Rospigliosi. Su historia resume una de las enfermedades más graves de nuestra política: la facilidad con la que algunos cambian de principios cuando encuentran un lugar en la mesa del poder. Y eso, en una democracia debilitada, no es solo una contradicción personal. Es un peligro público.
El choque con Delia Espinoza
El caso de Delia Espinoza retrata mejor que cualquier discurso la forma en que Rospigliosi entiende hoy el poder. El Poder Judicial lo condenó a nueve meses de prisión suspendida por difamación agravada contra la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de que ella lo querellara y solicitara una reparación civil de S/1 millón. El caso tuvo como origen las expresiones que Rospigliosi lanzó contra Espinoza en medio de sus cuestionamientos al Ministerio Público y a su actuación frente a Fuerza Popular.
Pero lejos de asumir el peso político de una condena judicial, Rospigliosi convirtió el caso en una nueva plataforma de ataque contra el sistema de justicia. Presentó la sentencia como una supuesta amenaza a su libertad de opinión y continuó cuestionando a Delia Espinoza, incluso después de que el Poder Judicial lo hallara responsable por difamación agravada.
Ese episodio no es menor. Revela a un político que exige dureza contra sus adversarios, pero se presenta como víctima cuando la justicia lo alcanza. Ataca a fiscales, cuestiona jueces, presiona instituciones y luego reclama libertad de expresión cuando debe responder por sus palabras. Esa es la doble moral del personaje: quiere una justicia sometida cuando le conviene, pero se declara perseguido cuando esa justicia toca sus propios intereses.