El profesor Baca señala que el nuevo equipo económico parece haber elegido administrar la emergencia antes que impulsar reformas de fondo: comisiones con plazos largos, ajustes fiscales tibios y medidas contradictorias con el discurso de productividad que revelan el riesgo de desperdiciar el impulso inicial del gobierno y postergar decisiones indispensables para recuperar el crecimiento.
Se suponía que, con un técnico como el hoy ministro Cuba al frente, el nuevo gobierno iniciaría su gestión con un paquete de reformas estructurales orientadas a corregir los problemas de fondo que arrastra la economía peruana desde hace más de una década. Sin embargo, las primeras decisiones y las explicaciones ofrecidas en diversas entrevistas revelan un patrón distinto: un énfasis marcado en atender urgencias inmediatas, como el fenómeno El Niño y la situación fiscal heredada, con marchas y contramarchas en temas puntuales, mientras que las reformas profundas han sido delegadas a comisiones que recién presentarán propuestas dentro de doce meses. Algo que al suscrito le parece un enfoque poco acertado, sobre todo tratándose de un equipo que ya ha trabajado en estos temas sin resultados destacables.
Anuncios que generan dudas
El ministro del MTC salió a decir que los trenes para la municipalidad de Lima no eran una donación, y que han costado una suma considerable, lo que parece no ser del todo exacto. Tampoco se ha informado con claridad sobre el grave accidente de la avioneta en Nazca, en un país que ni siquiera espera recibir 3 millones de turistas extranjeros este año. Una desdicha.
Cuba, en lugar de presentar medidas concretas dentro del pedido de facultades legislativas, anunció la creación de cuatro comisiones destinadas a formular propuestas de reforma en áreas clave: informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria. Quedaron fuera las importantes reformas de la estructura del Estado y de la descentralización.
Según el ministro, estas comisiones «formularán propuestas de reforma para enfrentar la informalidad laboral, fortalecer los mercados financieros, mejorar el sistema de inversión pública y reducir la evasión tributaria». La intención declarada es elevar la productividad y mejorar la calidad de los servicios públicos, pero el mecanismo elegido —comisiones de trabajo con plazos amplios— transmite una señal ambigua: el gobierno parece optar por estudiar los problemas antes que enfrentarlos de inmediato.
Marchas y contramarchas
Aunque el ministro afirmó que la «obsesión» del MEF sería aumentar la productividad, las primeras medidas apuntan más a administrar urgencias que a transformar la economía: aumento gradual del salario mínimo, cambios en el esquema de combustibles —que inicialmente contemplaban la puesta en marcha del fondo de estabilización y terminaron en un subsidio focalizado temporal—, traslado de feriados y ajustes a la regla fiscal para ampliar el gasto. Resultó llamativo que un funcionario anunciara primero trasladar los feriados al viernes y luego cambiara de opinión para pasarlos al lunes.
La señal inicial es, según Baca, la de un enfoque gradualista centrado en el fenómeno El Niño, la seguridad ciudadana y las presiones fiscales, mientras las reformas estructurales —incluida la del Estado— quedan postergadas en comisiones con plazos extensos. Algunos comentaristas sostienen que los problemas de fondo exigen decisiones firmes e inmediatas, no comisiones que podrían ralentizar la acción. La crítica apunta a que habría sido más eficaz formar equipos de trabajo con capacidad de ejecución rápida, para incluirlos en el pedido de facultades legislativas.
La pregunta de fondo es si el gobierno está desperdiciando el impulso inicial y las facultades legislativas al optar por un enfoque gatopardista —cambiar todo para que nada cambie— en lugar de enfrentar las trabas que impiden volver a crecer por encima del 6% anual, una meta que al suscrito le parece, sin embargo, una referencia ya algo desgastada.
Ese desperdicio resulta más grave en un contexto de crecimiento anémico pese a términos de intercambio extraordinarios, con anemia infantil por encima de los niveles prepandemia, pobreza en ascenso, elevada informalidad laboral, pensiones precarias, servicios de salud deficientes, corrupción, contrabando, minería ilegal y violencia social. Conformarse con crecimientos cercanos al 3% anual del PBI es administrar la precariedad, no transformar la economía ni atacar sus nudos estructurales.
Entre las primeras decisiones anunciadas por el MEF destaca la ratificación del aumento de la remuneración mínima vital (RMV) hasta S/ 1,300, equivalente a 383 dólares americanos y muy por encima del índice de precios al consumidor. Sin embargo, el incremento se aplicará en dos tramos: un primer aumento de S/ 100 antes de fin de año y un segundo de S/ 70 después del fenómeno El Niño. Según el ministro, esta división busca «evitar impactos sobre la inflación y los costos de las pequeñas empresas». Lo cierto es que el impacto sobre la inflación seguirá presente de todas formas.
En sus entrevistas, Cuba defendió la medida argumentando que la economía peruana opera por debajo de su potencial y que el aumento salarial no generará presiones inflacionarias. «La demanda interna está débil, y este ajuste salarial ayuda a reactivarla sin generar presiones inflacionarias», afirmó. Añadió que la inflación está controlada y que las expectativas están ancladas, por lo que el incremento no debería afectar los precios.
Sin embargo, esta decisión contrasta con el discurso inicial del ministro sobre la necesidad de elevar la productividad. En su conferencia de prensa, Cuba sostuvo que «el desarrollo no depende solamente de los buenos precios internacionales, se logra con trabajo y elevando la productividad». Pero el aumento del salario mínimo —especialmente en un contexto de baja productividad y alta informalidad— suele ser una medida que, lejos de incentivar la formalización, puede empujar a más empresas a operar fuera del marco legal.
La evidencia internacional muestra que los incrementos del salario mínimo en economías con alta informalidad tienden a generar efectos mixtos: algunos trabajadores formales ganan más, pero otros pierden su empleo o pasan a la informalidad. El Perú, con más del 70% de su fuerza laboral en el sector informal, es particularmente vulnerable a estos efectos.
En cuanto a los feriados, el gobierno decidió no eliminar ninguno, pese a que inicialmente se había planteado revisar su número para mejorar la productividad. En lugar de ello, se optó por trasladar algunos feriados a los lunes —tras haber señalado primero que serían los viernes— para generar fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca «facilitar la planificación de las familias, impulsar al sector turismo y reducir su impacto sobre la productividad». Un argumento que, la verdad, resulta poco consistente.
Un día adicional efectivamente trabajado equivale a una fracción relevante de la producción anual —aproximadamente 0.25% del PBI—, por lo que mantener feriados improductivos tiene un costo económico concreto. Trasladarlos al lunes puede ordenar mejor los descansos y generar algún impulso marginal al turismo, pero no recupera la productividad perdida ni sustituye la discusión de fondo sobre cuántos días laborables necesita una economía que busca crecer más.
La decisión revela nuevamente una tensión entre el discurso de productividad y las medidas adoptadas. Si el objetivo es elevar la productividad, la discusión sobre feriados debería centrarse en su impacto real sobre la actividad económica y la eficiencia laboral. Sin embargo, el gobierno optó por una solución intermedia que evita el costo político de eliminar feriados, pero no enfrenta el problema de fondo.
Me parece que esta crítica de Baca es acertada. Muchos comentaristas han cuestionado este tipo de decisiones porque transmiten señales contradictorias sobre la orientación económica del gobierno. Medidas como el aumento del salario mínimo y la decisión de no reducir el número de feriados pueden generar incertidumbre en el sector privado, especialmente cuando se presentan junto con un discurso que enfatiza la productividad, la formalización y la necesidad de acelerar el crecimiento.
Sostenibilidad fiscal: un enfoque tibio
La sostenibilidad fiscal es uno de los asuntos más urgentes de la agenda económica. El Perú enfrenta presiones crecientes por gastos no previstos, medidas pro-déficit aprobadas por el Congreso saliente, obligaciones pensionarias, el fenómeno El Niño y un crédito suplementario superior a S/ 9,000 millones, equivalente a cerca de 1% del PBI, cifra que en términos porcentuales puede parecer moderada pero que en soles representa una suma considerable.
El MEF ha planteado una nueva trayectoria de consolidación fiscal, ajustes a la regla fiscal y acciones ante el Tribunal Constitucional contra normas que elevan el gasto permanente. Sin embargo, si esas normas se mantienen, diversos analistas advierten que el déficit podría rondar el 3% del PBI en los próximos años y la deuda pública acercarse al 35% del PBI. Y eso que ese indicador —ya de por sí preocupante— no incluye el pago anual de intereses en el presupuesto público, que ya bordea los S/ 30,000 millones.
El problema es que, más allá de estas advertencias, no se han anunciado medidas concretas para contener el gasto corriente ni para reestructurar el presupuesto. La respuesta principal parece ser ampliar los topes de déficit y deuda de la regla fiscal, una salida políticamente cómoda pero insuficiente para corregir el deterioro fiscal.
El debate fiscal debería centrarse menos en flexibilizar las reglas y más en reducir el gasto operativo, limitar consultorías, revisar viajes y eliminar programas ineficientes. Sin una señal clara de austeridad y reasignación presupuestal, cualquier cambio a la regla fiscal corre el riesgo de convertirse en un permiso para gastar más.
Resulta llamativo que un Congreso con altos niveles de rechazo ciudadano haya ampliado su propio presupuesto de manera considerable.
El resultado primario —la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes del gobierno, medidos en soles constantes de 2025 y sin incluir el pago de intereses de la deuda pública— muestra con claridad el deterioro fiscal (ver gráfico 4). Hasta 2015, el sector público registró en promedio superávits primarios; desde entonces, predominan los déficits. Esta tendencia, sumada al aumento constante del pago de intereses derivado del mayor endeudamiento, eleva el riesgo de que la trayectoria fiscal se vuelva insostenible.
La tibieza del enfoque es evidente: se modifican los límites antes que atacar la raíz del problema. Ello puede aliviar la presión de corto plazo, pero debilita la disciplina fiscal, compromete la estabilidad macroeconómica y envía una señal preocupante a los mercados.
Las tres opciones fiscales y la salida más cómoda
Frente al deterioro fiscal, el gobierno podía optar por aumentar impuestos, reducir gastos operativos o modificar la regla fiscal. La primera opción era políticamente costosa y quedó circunscrita al combate a la evasión, que la experiencia internacional demuestra que tiene alcances limitados y no ataca el problema de las exoneraciones tributarias. La segunda exigía enfrentar intereses burocráticos, eliminar programas ineficientes y reordenar el presupuesto. La tercera permitía ampliar los topes de déficit y deuda contemplados en las reglas fiscales sin encarar de inmediato el problema de fondo.
El gobierno eligió el camino más cómodo: cambiar la regla fiscal antes que emprender una consolidación basada en recortes y reformas del gasto. Esa decisión reduce el costo político inmediato, pero aporta poco a la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
Resulta preocupante ver esta decisión en un contexto que además se complica por la situación mundial, algo que buena parte de la opinión pública en el Perú parece ignorar, como si la economía peruana operara al margen del resto del mundo. El elevado precio del cobre, por encima de US$ 6 la libra, contribuye a disimular estos desequilibrios.
La prioridad debería estar en la austeridad, la eficiencia del gasto y la eliminación de partidas improductivas, no en financiar mayores desequilibrios con más deuda. Modificar la regla fiscal sin una corrección seria del gasto envía la señal de que el gobierno prefiere ganar espacio para seguir gastando antes que asumir los costos de una verdadera disciplina fiscal. El riesgo es comprometer la estabilidad macroeconómica futura por evitar decisiones difíciles hoy.
Petroperú: un tratamiento tibio frente a una empresa quebrada
Un programa de televisión de escasa audiencia ha llegado a sostener que Petroperú no solo es estratégica, sino que además está en azul. Sin comentarios.
Petroperú representa uno de los mayores problemas fiscales y de gestión del Estado. La empresa arrastra una deuda elevada, ha requerido sucesivos rescates públicos y enfrenta cuestionamientos persistentes sobre su eficiencia, gobierno corporativo y viabilidad financiera.
El nuevo directorio ha sido presentado como una vía para fortalecer la gestión, recuperar participación de mercado, generar flujos de caja positivos y ordenar la deuda acumulada. Sin embargo, el anuncio no incluye una reforma estructural ni alternativas como la incorporación de capital y gestión privada mediante una asociación estratégica.
La crítica del doctor Baca en este punto resulta certera, y ya causa cierto hastío ver cómo los distintos gobiernos abordan el tema con explicaciones poco serias.
Diversos analistas coinciden en que el problema no se resolverá solo con cambios administrativos. Petroperú requiere decisiones drásticas e inmediatas, porque el Estado no tiene margen fiscal para seguir capitalizando indefinidamente a una empresa que continúa generando pérdidas y riesgos para las cuentas públicas.
Limitarse a cambiar el directorio revela nuevamente un tratamiento tibio frente a una empresa que, en términos prácticos, está quebrada. Sin una reestructuración profunda, privatización parcial o joint venture con un operador internacional, Petroperú seguirá siendo una carga fiscal que compromete recursos públicos y debilita la estabilidad económica del país.
Las comisiones: postergar lo urgente y arriesgar el futuro
La creación de cuatro comisiones presidenciales resume el enfoque adoptado por el gobierno: estudiar durante meses problemas que ya son ampliamente conocidos. Informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria son áreas críticas, pero delegarlas a grupos con plazos de doce meses revela la ausencia de un plan inmediato de reforma, que definitivamente no formará parte de las facultades legislativas.
Si bien los objetivos de las comisiones son relevantes —promover la formalización, ampliar el acceso al financiamiento, mejorar la inversión pública y reducir la evasión—, el problema no está en los objetivos, sino en el mecanismo elegido: comisiones con plazos amplios cuando el país necesita decisiones rápidas y capacidad de ejecución.
Diversos analistas advierten que este tipo de instancias puede terminar ralentizando las decisiones. En un contexto de bajo crecimiento del PBI potencial —que dista mucho del 6% de las décadas pasadas, ver gráfico 5—, alta informalidad y deterioro fiscal, esperar un año para recibir propuestas resulta difícil de justificar.
El riesgo es que, cuando las propuestas estén listas, el gobierno ya no cuente con capital político ni tiempo suficiente para implementarlas. Así, las comisiones podrían convertirse en una forma de postergar lo urgente, diluir responsabilidades y desaprovechar una ventana inicial para impulsar reformas estructurales.
Conclusión: ¿un equipo económico gatopardista?
Es cierto que es muy pronto para emitir un juicio definitivo sobre el éxito o fracaso de las medidas económicas del nuevo gobierno. Sin embargo, las señales iniciales apuntan a una actitud que muchos califican de tibia. En lugar de encarar los problemas estructurales que impiden que el país crezca por encima del 6% anual, el gobierno ha optado por medidas graduales, comisiones de estudio y ajustes marginales.
La referencia al gatopardismo —la idea de cambiar todo para que nada cambie— parece pertinente. El gobierno está dejando pasar una oportunidad única: el impulso inicial del mandato, las facultades legislativas solicitadas al Congreso y la necesidad urgente de reformas profundas.
Los límites de la regla fiscal no son metas por alcanzar, sino techos que deben evitarse. El objetivo debería ser registrar superávits fiscales primarios que permitan contener y reducir la deuda pública, no flexibilizar las reglas para permitir más gasto. La burocracia, la sobrerregulación y la ineficiencia del aparato estatal requieren una reestructuración inmediata, no comisiones que presentarán propuestas dentro de doce meses.
El país no puede darse el lujo de esperar. Las decisiones deben tomarse ahora. Y aunque el gobierno aún tiene tiempo para corregir el rumbo, las señales iniciales revelan un enfoque que privilegia la prudencia sobre la audacia, el estudio sobre la acción y la comodidad política sobre la reforma estructural.
(El contenido de esta columna se puede consultar en prediceperu.com)