La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón no solo reabre uno de los casos judiciales más emblemáticos del país. También vuelve a colocar bajo la lupa el papel que viene desempeñando un organismo que debería ser el principal garante de la Constitución y del Estado de derecho, pero cuyas decisiones son cada vez más cuestionadas por amplios sectores de la ciudadanía y del ámbito jurídico.
El TC dominado por el fujimorismo, sostuvo que los jueces no motivaron adecuadamente las resoluciones que rechazaron sustituir la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones y ordenó que se dicten nuevas medidas cautelares. Jurídicamente puede discutirse si la motivación fue suficiente o no. Lo que resulta imposible ignorar es el efecto político del fallo: uno de los principales investigados por el caso Los Dinámicos del Centro vuelve a recibir una decisión favorable del máximo intérprete de la Constitución.
La investigación fiscal atribuye a Cerrón la presunta jefatura de una organización criminal dedicada, entre otros hechos, a la expedición irregular de licencias de conducir y al cobro de cuotas a trabajadores del Gobierno Regional de Junín. Sin embargo, una vez más, el debate jurídico termina eclipsando la gravedad de los hechos investigados.
Un Tribunal cada vez más cuestionado
El problema no radica únicamente en el caso Cerrón. Lo preocupante es que esta resolución se suma a una serie de fallos que han incrementado las críticas sobre la actuación del Tribunal Constitucional y sobre el alcance de sus decisiones frente al equilibrio de poderes.
Diversos analistas han cuestionado sentencias del TC relacionadas con competencias del Congreso, el alcance del control constitucional y la interpretación de diversas normas de relevancia política e institucional. Estas decisiones han alimentado el debate sobre si el Tribunal está ejerciendo un control constitucional independiente o si, por el contrario, está adoptando interpretaciones que favorecen determinadas posiciones políticas.
Entre los fallos más controvertidos figura la interpretación sobre las competencias presupuestales del Congreso, una decisión que diversos especialistas advirtieron que podía afectar el equilibrio fiscal al ampliar la capacidad del Parlamento para impulsar iniciativas con impacto sobre el gasto público, un ámbito que tradicionalmente corresponde al Poder Ejecutivo conforme al diseño constitucional.
¿Quién controla al guardián de la Constitución?
El Tribunal Constitucional no es un poder político. Su misión consiste en proteger la Constitución, garantizar la separación de poderes y evitar que cualquier autoridad actúe al margen de la ley.
Precisamente por esa enorme responsabilidad, sus decisiones deben inspirar confianza, independencia y seguridad jurídica. Cuando sus sentencias generan la percepción de favorecer sistemáticamente a determinados actores políticos o alteran el equilibrio institucional, el principal perjudicado termina siendo el propio sistema democrático.
La resolución sobre Vladimir Cerrón seguramente será defendida por quienes sostienen que el respeto al debido proceso debe prevalecer sobre cualquier consideración política. Ese principio es irrenunciable en un Estado constitucional. Sin embargo, también es legítimo preguntarse si el Tribunal Constitucional está siendo coherente con ese mismo estándar en todos los casos o si determinadas decisiones terminan alimentando la percepción de una justicia constitucional selectiva.
Una institución que debe recuperar credibilidad
El Tribunal Constitucional debería ser la institución que mayor confianza inspire en la defensa de la Constitución. Sin embargo, la acumulación de fallos polémicos ha deteriorado esa percepción y ha abierto un debate sobre la necesidad de reforzar su independencia y la transparencia de sus decisiones.
Cuando el máximo intérprete de la Constitución deja más preguntas que certezas, la preocupación trasciende a un caso concreto. Lo que está en juego no es únicamente el proceso contra Vladimir Cerrón, sino la credibilidad de una institución cuya misión esencial es garantizar que la Constitución se aplique con el mismo rigor para todos, sin excepciones ni privilegios.