La historia del Perú ha conocido parlamentos mediocres, obstruccionistas y profundamente cuestionados. Hemos tenido congresos marcados por el transfuguismo, el oportunismo y la incapacidad de construir consensos. Pero ninguno había logrado concentrar tanto poder y causar tanto daño institucional en tan poco tiempo como el actual Congreso de la República.
No es exagerado afirmar que estamos ante el peor Congreso de nuestra historia republicana.
Mientras el país se desangra por la inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades, nuestros representantes se dedicaron a desmontar las reformas que el Perú había construido con enorme esfuerzo. Debilitaron la reforma política y electoral, desnaturalizaron el sistema universitario y dejaron a la educación superior nuevamente expuesta a intereses particulares, debilitando el papel de la Sunedu y enviando el mensaje de que la calidad y la meritocracia son negociables.
La fábrica de impunidad
El Congreso también pasará a la historia por haber impulsado leyes que favorecen la impunidad. Se aprobaron normas que debilitan la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, dificultan las investigaciones fiscales y terminan beneficiando a quienes más daño le han hecho al país.
No legisló para los ciudadanos. Legisló para proteger intereses políticos y judiciales.
Y mientras las familias peruanas luchan por sobrevivir, los congresistas aprobaron leyes que generan mayores gastos al Estado, comprometiendo recursos públicos sin medir las consecuencias económicas para las futuras generaciones.
El blindaje al poder
Este Parlamento se convirtió además en el principal sostén político del gobierno de Dina Boluarte. Un gobierno cuestionado por denuncias de corrupción y marcado por las muertes de decenas de peruanos durante las protestas sociales encontró en el Congreso un aliado incondicional.
La fiscalización desapareció. El control político se convirtió en complicidad.
La democracia exige contrapesos. El Congreso decidió convertirse en un escudo de protección del poder.
Captura de las instituciones
La degradación institucional alcanzó niveles alarmantes. Desde el Parlamento se impulsó el control de organismos que deberían ser independientes: el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
El equilibrio de poderes, uno de los pilares de cualquier democracia, fue sacrificado en beneficio de un proyecto político que tiene nombre propio.
Este Congreso terminó sometido al poder de Keiko Fujimori y a los intereses de las fuerzas que hoy dominan la escena política nacional.
La captura institucional es uno de los hechos más graves de las últimas décadas, porque sus consecuencias se sentirán mucho después de que los actuales congresistas abandonen sus curules.
Desprecio por los ciudadanos
La desconexión con la realidad nacional llegó a niveles obscenos cuando se aprobaron aumentos salariales para las más altas autoridades del Estado, mientras millones de peruanos enfrentan dificultades económicas, desempleo y un sistema de salud colapsado.
Al mismo tiempo, se recortaron las oportunidades de miles de jóvenes de escasos recursos al reducir el alcance de programas como Beca 18, cerrando una de las pocas puertas que tenían para cambiar su destino mediante la educación.
Un país que le quita oportunidades a sus jóvenes está hipotecando su futuro.
La persecución y miedo
Como ocurre en las democracias enfermas, también se desató una persecución política contra autoridades, opositores y periodistas críticos. Se intentó intimidar a quienes fiscalizan y denuncian, generando un clima de hostilidad hacia la libertad de expresión y el pensamiento independiente.
Y como símbolo de la degradación ética, el Congreso llevó a la presidencia de la Mesa Directiva a un legislador acusado de violación, un hecho que en cualquier democracia sólida habría provocado una crisis política de enormes proporciones.
Pero aquí ya nada parece escandalizar.
El juicio de la historia
Los congresistas de este período podrán argumentar que actuaron dentro de la ley. Podrán exhibir cifras, discursos y acuerdos políticos. Pero la historia no los juzgará por la cantidad de leyes aprobadas, sino por el enorme daño que le hicieron a la institucionalidad democrática.
Este Congreso debilitó la reforma electoral, atacó la educación, aprobó leyes de impunidad, protegió al poder, capturó instituciones, elevó salarios de manera indiscriminada y persiguió a las voces críticas.
Nunca un Parlamento había acumulado tantos retrocesos democráticos en tan poco tiempo.
Cuando los peruanos se pregunten por qué el país perdió otra oportunidad de construir una democracia más sólida y un Estado más justo, encontrarán en este Congreso una de las principales respuestas.
Y el veredicto de la historia será tan severo como inevitable: Este fue el Congreso de la vergüenza.