El general Óscar Arriola se fue diciendo que no se arrepiente de nada. Pero su salida llega después de una sucesión de hechos que dejaron en evidencia la profunda crisis de seguridad que enfrenta el país: homicidios que no disminuyen, organizaciones criminales cada vez más violentas, capturas pendientes y un Gobierno que se vio obligado a defender, semana tras semana, a un jefe policial cada vez más cuestionado.
La renuncia tampoco fue una decisión repentina. El Ejecutivo venía evaluando su salida desde hacía semanas, y esta ya estaba prácticamente definida desde mediados de agosto. Aun así, Arriola permaneció en el cargo hasta que la presión política y la violencia en las calles terminaron de hacer insostenible su continuidad.
El Gobierno intentó presentar el relevo como un acto de institucionalidad. Arriola, flanqueado por el premier Luis Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo, habló de gobernabilidad y de su «amor a la Policía Nacional de todos los peruanos». Detrás de ese discurso, sin embargo, quedó una pregunta incómoda: ¿por qué esperar hasta ahora?
151 homicidios en apenas un mes
Los números terminaron convirtiéndose en el principal adversario de Arriola. Entre el 28 de julio y finales de agosto se registraron 151 homicidios a nivel nacional, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones recopiladas por el analista Juan Carbajal. Otros registros elevan la cifra de agosto a 169 homicidios. Las diferencias entre las fuentes no cambian el fondo del problema: la violencia no estaba bajo control.
Mientras la Policía defendía sus operativos y el Gobierno destacaba la cooperación internacional con agencias como el FBI y la DEA, la ciudadanía seguía enfrentando asesinatos, extorsiones y secuestros. Al final, la estadística habló más fuerte que los discursos.
Trujillo fue el punto de quiebre
La madrugada del 30 de agosto llegó el golpe que terminó de desnudar la magnitud de la crisis. En Trujillo, delincuentes armados y provistos de falsos chalecos policiales asesinaron a cuatro personas y secuestraron a un empresario minero, posteriormente liberado. El ataque fue atribuido a «Los Pulpos» y quedó registrado por cámaras de seguridad.
Cuatro muertos. Un secuestro. Falsos policías operando con armas de guerra. Una organización criminal actuando con total impunidad. El caso provocó una nueva ola de cuestionamientos y convirtió la permanencia de Arriola en un problema político para el Gobierno. Desde distintos sectores del Congreso comenzaron a multiplicarse las voces que reclamaban su salida.
Más de mil días sin encontrar a Cerrón
Otro episodio golpeó con fuerza la imagen de la Policía durante los últimos años: la prolongada permanencia de Vladimir Cerrón en la clandestinidad. Desde octubre de 2023, el líder de Perú Libre permaneció fuera del alcance de los operativos policiales, pese a las órdenes de ubicación y captura que pesaban sobre él.
Durante ese periodo pasaron tres presidentes, nueve ministros del Interior y tres comandantes generales de la Policía sin que se consiguiera ubicarlo. Cerrón recién reapareció públicamente en agosto de 2026, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva que sustentaba una de las órdenes de captura en su contra y el Poder Judicial dispusiera el levantamiento de las requisitorias en los procesos correspondientes. Para entonces, el caso ya se había convertido en un símbolo de la incapacidad operativa que arrastraba la conducción policial, y su desenlace —una salida por vía judicial, no por trabajo de inteligencia— no hizo más que reforzar esa percepción.
¿Por qué lo sostuvieron?
Esta es la pregunta que queda después de la renuncia. El Decreto Legislativo N.° 1267 fue el argumento que utilizó el Ejecutivo para explicar por qué el comandante general debía permanecer dos años en el cargo. El propio ministro Astudillo llegó a anunciar una modificación de la norma para destrabar su salida, pero el proyecto nunca llegó a presentarse. Mientras el Gobierno ganaba tiempo, fue el Congreso el que empezó a impulsar, por su cuenta, distintas iniciativas legales para forzar el relevo.
Si el Ejecutivo ya evaluaba la salida de Arriola desde mediados de agosto, ¿por qué esperó hasta después de una nueva escalada de violencia para concretarla? ¿Fue necesario que cuatro personas murieran en Trujillo para que el Gobierno entendiera que la situación era insostenible? ¿La norma realmente le impedía removerlo, o fue usada como excusa política para postergar el costo de una decisión que ya estaba tomada?
La secuencia de los hechos permite sostener una conclusión política: Arriola no se fue cuando comenzaron los cuestionamientos. Se fue cuando mantenerlo empezó a costarle demasiado al Gobierno.
Cambió el jefe, no el problema
Fredy López Mendoza asumirá ahora la conducción de la Policía Nacional. Pero cambiar al comandante general no cambia, por sí solo, la realidad de las calles. La nueva jefatura tendrá que enfrentar una institución cuestionada, organizaciones criminales fortalecidas y una ciudadanía que exige resultados, no discursos.
Arriola se marcha asegurando que no se arrepiente de nada. El país, en cambio, queda con una pregunta pendiente: ¿quién responde por una crisis de seguridad que durante semanas se intentó contener con discursos mientras los muertos seguían aumentando? La renuncia llegó. Lo que todavía no llega son los resultados.