El debate sobre una eventual reducción de profesionales en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) no debe limitarse a planillas, costos operativos o a la simple elaboración de menús. Para el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), el foco central debe ponerse en cómo cualquier medida de este tipo impactaría directamente en la calidad de atención, la seguridad alimentaria y la salud integral de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que se encuentran bajo la protección del Estado.
El verdadero rol del nutricionista en la protección social
Reducir la labor del especialista a programar menús desvirtúa por completo su contribución técnica. El trabajo diario del nutricionista abarca evaluar de forma constante el estado nutricional de cada residente, identificar riesgos tempranos, adecuar las porciones e insumos a requerimientos clínicos específicos, vigilar estrictamente la inocuidad y calidad de los alimentos, y realizar un seguimiento continuo de la evolución y los resultados obtenidos en cada paciente.
Eficiencia institucional basada en criterios técnicos
Desde la perspectiva del Colegio profesional, alcanzar la eficiencia en la gestión pública no se traduce necesariamente en disminuir personal. Antes de ejecutar cualquier modificación en la dotación de especialistas, resulta indispensable analizar variables fundamentales como el número real de usuarios, sus condiciones clínicas particulares, los riesgos nutricionales presentes, la carga laboral efectiva y los resultados de salud alcanzados. La discusión institucional debe centrarse en una interrogante clave: ¿cuántos profesionales se necesitan realmente para garantizar una atención segura y de calidad? Una decisión respaldada por datos técnicos fortalece el Estado, mientras que un recorte improvisado traslada los riesgos directamente a las poblaciones más vulnerables.
Porque en el INABIF no se administran menús: se protegen y cuidan personas.