El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) expresó su preocupación por los resultados del informe SOFI 2026 (The State of Food Security and Nutrition in the World), considerado el principal reporte internacional sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo.
De acuerdo con el documento, alrededor de 11,5 millones de peruanos viven en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o grave, una cifra que evidencia que el hambre y la mala alimentación continúan siendo uno de los principales desafíos sociales del país.
Para el gremio profesional, estos resultados deben convertirse en una prioridad para las nuevas autoridades, ya que garantizar una alimentación adecuada no solo mejora la calidad de vida de la población, sino que también contribuye al desarrollo, la productividad y la reducción de enfermedades asociadas a una mala nutrición.
Piden fortalecer los programas alimentarios
Ante este panorama, el Colegio de Nutricionistas del Perú hizo un llamado al próximo Gobierno para fortalecer y reformular los programas de asistencia alimentaria, como Qali Warma (o el programa que lo reemplace), las ollas comunes, los comedores populares, el Programa del Vaso de Leche y otras iniciativas sociales, con el objetivo de que los recursos lleguen de manera más eficiente a quienes realmente los necesitan.
El CNP señaló que estos programas deben priorizar una alimentación saludable y equilibrada, basada en criterios técnicos y nutricionales, especialmente para niños, gestantes, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, planteó la necesidad de ampliar la cobertura en las zonas rurales y urbano-marginales, donde la inseguridad alimentaria tiene mayor impacto.
SOFI 2026 evidencia un reto pendiente para el Perú
El informe SOFI 2026, elaborado por organismos especializados de las Naciones Unidas, presenta las estimaciones más recientes sobre el hambre, la seguridad alimentaria, la nutrición y el costo de una dieta saludable a nivel mundial.
Para el Colegio de Nutricionistas del Perú, las cifras reflejan que el acceso a alimentos de calidad continúa siendo una deuda pendiente y que el país necesita políticas públicas integrales que no solo atiendan la emergencia alimentaria, sino que promuevan la educación nutricional, el acceso a productos saludables y la reducción de las brechas sociales.
El gremio sostuvo que enfrentar la inseguridad alimentaria requiere un trabajo articulado entre el Estado, los gobiernos regionales y locales, el sector privado y la sociedad civil, con el fin de garantizar que todos los peruanos puedan ejercer plenamente su derecho a una alimentación adecuada y nutritiva.