La determinación con la cual el Estado peruano viene afrontando la crisis económica, social y ambiental que genera la pequeña minería y la minería informal en la actualidad, deja claro la falta de una estrategia clara de intervención que se manifiesta en cuatro evidencias.
La primera, va por el lado de la identificación, el Estado a través de la gestión Boluarte, se ha limitado a identificar la localización geográfica donde se explota el mineral, sin plantear ante ello una propuesta para reducir el grado de contaminación ambiental y los escenarios de inseguridad que vienen generándose producto de la informalidad de las actividades, de la falta de información clara de quien es y donde esta cada minero artesanal y pequeño minero. No se sabe en el propio Estado, quienes realmente quieren formalizarse, y quienes aprovechan esta debilidad para hacer actividades no permitidas por el marco legal vigente.
Sin Ley MAPE adecuada
En segundo lugar, al no saber cuántos son y solo saber en dónde están de manera genérica, no se toma en cuenta la diversidad de escenarios, ello trae consigo que el Poder Ejecutivo no pueda plantear una ley MAPE adecuada a la realidad peruana, pues desde el MINEM se pretende en el corto plazo no solo poner un único tamiz normativo para temas de formalización, sino que en versión del ex ministro Mucho Mamani, centralizar nuevamente el registro de mineros artesanales y pequeños mineros, ello luego de evaluar tendenciosamente a los GORE, que afirma, no cumplieron con sus funciones apropiadamente; a esto acotamos que al transferir estas funciones se obvio la transferencia de recursos, hecho que es una constante en el Estado peruano al momento de practicar lo que algunos eruditos en gestión pública llaman “descentralización”. Maxime de una clara intención de aprovechamiento político que se pretendió, a través de los operadores políticos que tenía dicha ex autoridad.
Un tercer aspecto es el hecho de que al solo tener información genérica no solo se proponen leyes “tabla”, además se deja en un segundo plano los efectos que trae la informalidad de una actividad económica en lo que refiere a la identificación y remediación de pasivos ambientales, y sobre todo los efectos colaterales que ello conlleva en las zonas adyacentes a los espacios de explotación. Al no poder imputar responsabilidades, se asume el razonamiento de “fuente ovejuna” al momento de trabajar por el medio ambiente, siendo que, a todas luces, esta actividad es rentable para quienes la ejercen, bajo las actuales condiciones.
Criminalización
El cuarto elemento seria la clara intención de criminalizar rápidamente cualquier actividad que el Estado no puede regular, sea a través de normativa burocrática como los actuales mecanismos para la formalización minera, o a través de la normativa en materia tributaria que asusta a un emprendedor que quiere ser formal, hasta mediante la regulación en materia penal y civil, que se hace cada vez más punitiva, buscando perseguir antes que fomentar la formalidad; además de la precariedad de la normatividad ambiental, que solo busca multar antes que remediar pasivos ambientales, a través de una trama administrativa que genera más costo que beneficio para el emprendedor.
Todo ello nos deja en la ciudadanía una percepción de aprovechamiento económico de la minería informal y sus afanes meramente económicos y con una marcada evasión de responsabilidades sociales, ambientales y tributarias.
En este contexto, es urgente que el Estado deje de ver como enemigos a los mineros artesanales y pequeños mineros, y los vea más bien como socios estratégicos, y fomente medidas como la compra estatal del oro a precio justo, y la normativa adaptada a la realidad regional. Pero ello parte por tener una data confiable de quienes son, donde están y cuanto pueden tributar los pequeños mineros y los mineros artesanales. Compromiso y cooperación entre Estado y minería formal, para un mejor vivir.