El alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, y otros cuatro funcionarios de la Municipalidad Distrital de Miraflores fueron denunciados ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, por presuntos delitos de organización criminal, concusión, cobro indebido y abuso de autoridad, entre otros.
La denuncia fue presentada por Jaime Terrones León, en representación legal de HL Desarrollos Inmobiliarios y HL DI Residencial, y atribuye al burgomaestre, en su condición de alcalde para el periodo 2023-2026, el presunto papel de instigador de una política institucional destinada a obstaculizar proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) en Miraflores.
Según el documento presentado ante el Ministerio Público, las acciones cuestionadas no constituirían, de acuerdo con la parte denunciante, simples discrepancias administrativas o interpretaciones diferentes de las normas urbanísticas, sino una actuación coordinada desde la administración municipal.
Acusan a funcionarios de bloquear proyectos
La denuncia sostiene que, durante la ejecución de los proyectos de vivienda, funcionarios municipales habrían desplegado “actos arbitrarios, omisiones funcionales y actos de incumplimiento de mandatos judiciales”, afectando el desarrollo de iniciativas inmobiliarias destinadas a Vivienda de Interés Social.
El documento atribuye a Canales la presunta determinación y dirección de una política de oposición a este tipo de proyectos. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser materia de investigación y esclarecimiento por parte de las autoridades competentes.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el uso de las competencias municipales en materia urbanística y los procedimientos aplicados a proyectos que, según la denuncia, contaban con certificaciones correspondientes dentro del sistema de MiVivienda.
¿Interpretación de normas u obstrucción?
La controversia plantea también un conflicto entre las competencias de la municipalidad y el desarrollo de proyectos de vivienda social.
De acuerdo con el documento presentado por los denunciantes, la Municipalidad de Miraflores no se habría limitado a interpretar o aplicar las normas urbanísticas, sino que habría utilizado sus atribuciones como una herramienta para obstaculizar los proyectos inmobiliarios.
La denuncia sostiene que estas actuaciones habrían terminado afectando proyectos certificados por el sistema MiVivienda y que, en determinados casos, existieron órdenes judiciales que disponían el cumplimiento inmediato de determinadas actuaciones.
El punto deberá ser establecido por la investigación fiscal, particularmente respecto de si las decisiones municipales se encontraban dentro del ámbito de sus competencias o si, como sostiene la parte denunciante, se produjo un uso irregular de dichas facultades.
La investigación deberá determinar responsabilidades
La denuncia alcanza al alcalde Carlos Canales y a otros cuatro funcionarios municipales, a quienes se atribuyen diferentes responsabilidades en los hechos denunciados.
Entre los delitos mencionados figuran organización criminal, concusión, cobro indebido y abuso de autoridad, además de otros presuntos ilícitos que deberán ser evaluados por el Ministerio Público.