El Perú tiene una brecha de infraestructura superior a los US$ 110,000 millones en sectores como transporte, salud, saneamiento y agricultura. Los grandes consorcios lucran, pero los subcontratistas están impagos. Luis Caballero Campos, emprendedor invoca a Fujimori y Sánchez, él contrató con el Grupo Suyay II (IBT Group, española/americana, ahora IBT LLC; y GCZ, hoy, Rubica, peruana) cumplió con los servicios en Cascas, La Libertad. Le deben dos millones de soles, uno de muchos casos.
“Cumplí con mis trabajadores, proveedores y obligaciones hasta donde me fue posible, incluso comprometiendo mi patrimonio personal al vender mi departamento y camioneta. Hoy, enfrento deudas con SUNAT, AFP, EsSalud y proveedores del sector, e incluso la educación de mis hijos, mientras el consorcio no honra sus compromisos contractuales”, señala.
Existen factores externos como retrasos administrativos o limitaciones presupuestales en la gestión pública; no obstante, la responsabilidad directa en la gestión de pagos a subcontratistas recae en los consorcios ejecutores, quienes administran los recursos y asumen compromisos contractuales específicos.
Se niegan a pagar
“Pese a los reiterados intentos de diálogo con el Consorcio Suyay II, la situación no fue resuelta. Existe un fondo de garantía superior al millón de soles que podría activarse para atender obligaciones con proveedores, pero su ejecución fue condicionada a autorizaciones que nunca se concretaron. Mientras tanto, las entidades financieras continúan exigiendo el cumplimiento de nuestras deudas, con intereses y penalidades, generando una presión insostenible en el día a día”, señala Caballero.
“Fuimos retirados del contrato tras la paralización del personal, una situación originada por la falta de pagos que se arrastraba desde el propio consorcio. A pesar de ello, se nos exigía como subcontratistas asumir la continuidad de las operaciones con recursos propios hasta que ellos pudieran regularizar sus obligaciones. Sin embargo, dejamos sobre la mesa propuestas viables orientadas a cumplir con las obligaciones pendientes. Lo único que buscamos es una liquidación justa y transparente”, afirma.
Al respecto, la Cámara Peruana de la Construcción y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura han advertido sobre los riesgos para el sector ante la cadena de pagos interrumpida. El MEF, ha impulsado el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, con una cartera de inversión superior a S/ 144 mil millones; sin embargo, persisten vacíos en la protección de los subcontratistas.
No cumplen
Caballero recuerda que IBT Group, tiene controversias con el Estado peruano ante el CIADI lo cual demanda mayor predictibilidad y cumplimiento en las relaciones contractuales dentro del país. Caballero, invoca a los candidatos a segunda vuelta a mirar el déficit de infraestructura nacional y considerar que la Autoridad Nacional de Infraestructura y Defensoría del Pueblo participen como observadores en los procesos de diálogo para asegurar condiciones de transparencia y equilibrio.
