En una nueva edición del programa Martes Democrático, la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso puso en agenda un problema que impacta directamente en la lucha contra la delincuencia: la venta informal de chips telefónicos y su vínculo con extorsiones, estafas y delitos informáticos.
Durante la conferencia “Fiscalización de la venta de chips y su rol contra la delincuencia”, organizada por el programa “Martes Democrático” de la Oficina de Participación Ciudadana; especialistas de OSIPTEL y de la Policía Nacional del Perú advirtieron que las contrataciones irregulares de líneas móviles siguen siendo utilizadas por organizaciones criminales para operar con identidades falsas.
El director de Fiscalización e Instrucción de OSIPTEL, Luis Pacheco Zeballos, recordó que las empresas operadoras son responsables del proceso de contratación, incluso cuando intervienen distribuidores. Alertó que la venta ambulatoria persiste como un foco crítico, pese a que el Congreso ya tipificó esta práctica como delito.
“No estamos comprando un chip; estamos celebrando un contrato de servicio público”, enfatizó, al advertir que la contratación informal expone datos sensibles como la huella dactilar y facilita la suplantación de identidad.
Crecen los delitos informáticos
El regulador informó que ha ejecutado más de mil acciones de fiscalización y que, gracias al Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (Renteseg), los robos diarios de celulares se redujeron en cerca de 38 % desde 2017. Sin embargo, el problema persiste con miles de casos reportados cada día.
Por su parte, el especialista en ciberdelincuencia de la PNP, Miguel Antonio Torres Moreno, señaló que los delitos informáticos vienen creciendo de manera sostenida y podrían superar las 240 denuncias diarias en los próximos años. Explicó que muchas extorsiones se ejecutan mediante aplicaciones de mensajería, lo que exige mayores controles y herramientas tecnológicas para la investigación.
La jornada permitió visibilizar los avances normativos, los desafíos pendientes y la necesidad de fortalecer la supervisión estatal para impedir que las líneas móviles continúen siendo utilizadas como instrumento del delito.