El gobierno de Keiko Fujimori empieza a mostrar debilidad. Primero anunció un subsidio al combustible en la selva y luego favoreció a los infractores reduciendo hasta en 90% las multas de tránsito. Dos decisiones que, tomadas por separado, podrían leerse como gestos de sensibilidad social. Vistas en conjunto, con el reloj de las protestas marcando el ritmo de cada anuncio, configuran algo distinto: un gobierno que negocia con quien más presiona, no con quien tiene la razón.
Ceder a horas de un paro no es diálogo, es contención de daños
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones oficializó este martes un régimen excepcional para reducir hasta el 90% las multas de tránsito, tanto para el transporte público como privado. A través del Decreto Supremo N.º 017-2026-MTC, publicado en edición extraordinaria en el Diario Oficial El Peruano, la medida tendrá una vigencia de 90 días calendario para multas de tránsito y 180 para sanciones de transporte. El beneficio queda nulo únicamente para quienes cometieron faltas graves.
La secuencia de los hechos habla por sí sola: el ministro Rafael Rey se reunió con gremios de transportistas el 22 de agosto, apenas tres días antes del paro convocado para el 25 de agosto en protesta por los asesinatos de choferes. «Hemos anunciado la derogatoria de la ley de puntos para ser una ley conversada y consensuada con los diferentes sectores», declaró la presidenta en una transmisión en vivo. Las «multas abusivas», según sus propias palabras, ya no se cobrarán en su totalidad: solo el 10% del valor. A esto se suma que los puntos de las infracciones tampoco se contabilizarán, al menos por un tiempo que el Gobierno aún no ha precisado.
El resultado inmediato fue el esperado: Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, confirmó que el paro quedó sin efecto porque «ya se cumplió el sentido del pedido». Pero no todos compraron el libreto. Martín Valeriano, presidente de ANITRA, cuestionó que la reunión se hiciera con organizaciones ajenas a la convocatoria original, y exigió medidas concretas contra extorsiones, atentados y asesinatos de conductores —lo que deja en evidencia que el problema de fondo, la seguridad, sigue sin resolverse mientras se reparten descuentos en papeletas.
El mensaje que le llega a cada gremio del país: protestar rinde
Aquí está el verdadero riesgo de la jugada. Especialistas consultados en redes sociales han señalado que ceder de esta forma, bajo amenaza de paro, envía una señal peligrosa: quien incumple la norma y luego presiona en la calle, termina premiado. No es una lectura menor. Analistas coinciden en que este tipo de concesiones no resuelve el problema de fondo —la seguridad vial y la extorsión al transporte— sino que crea un incentivo perverso para que otros gremios entiendan que el camino más corto hacia un beneficio no es la negociación técnica, sino el bloqueo de una vía.
El propio Congreso ya lo notó. El diputado Luis Candia, presidente de la Comisión de Transporte, cuestionó públicamente la rebaja del 10% en las multas anunciada por el ministro Rey, en lo que constituye una crítica desde el propio bloque que respalda al Ejecutivo. Si la incomodidad llega hasta ahí, la pregunta que cabe hacerse es simple: ¿a quién beneficia realmente esta medida, y a qué costo institucional?
Iquitos, el otro espejo: cuando el subsidio no alcanza y la respuesta es la calle
Mientras en Lima el Gobierno cedía ante los gremios de transporte urbano, en Iquitos la ciudad amanecía con calles bloqueadas. La CGTP Loreto, el sindicato de choferes y otras organizaciones sociales iniciaron un paro regional de 48 horas en rechazo al incremento del precio de los combustibles, además de exigir soluciones frente a la minería ilegal y los constantes cortes de electricidad.
Lo llamativo es que Loreto sí está contemplado en el subsidio al diésel que Keiko Fujimori anunció el 14 de agosto, de entre 15% y 20%, con vigencia inicial de tres meses. La protesta, entonces, no nace de una exclusión, sino de una insuficiencia: los gremios rechazan que el subsidio sea focalizado y exigen una medida de alcance nacional. Un transportista lo resumió con crudeza: el galón de combustible, que antes costaba S/15, ahora se vende a cerca de S/22, un incremento de S/7 que ha disparado los costos de operación en toda la región.
La Policía Nacional intervino para desbloquear la vía Iquitos-Nauta, y representantes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público llegaron a la zona para monitorear la jornada y evitar hechos de violencia. Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado situaciones que constituyan delitos, pero la tensión se mantiene: los dirigentes advirtieron que continuarán con sus medidas de fuerza mientras no haya una respuesta concreta del Ejecutivo.
Medidas de izquierda con maquillaje de centro, y una prensa que no incomoda
Aquí aparece la paradoja que más debería llamar la atención: un gobierno que se presenta como continuador de una línea económica ortodoxa está aplicando, en la práctica, un manual de medidas que en cualquier otro contexto serían calificadas de populistas o intervencionistas: condonación de deudas (multas al 10%), subsidios focalizados a combustibles, y negociación directa con gremios bajo amenaza de paralización. Es, en el fondo, la misma lógica que el fujimorismo ha criticado históricamente en gobiernos de izquierda: comprar gobernabilidad social a golpe de decreto, sin atacar la causa estructural del problema —en este caso, la inseguridad y la extorsión que empujan a los transportistas a las calles.
Y sin embargo, buena parte de la prensa nacional ha cubierto estos anuncios con un tono cercano a la celebración institucional: «el Gobierno cede», «el Gobierno anuncia acuerdos», «el paro queda levantado». Pocos medios se han detenido a preguntar si ceder ante la presión, en lugar de resolver el problema de fondo, es motivo de elogio o de alarma. Llama la atención que un gobierno que en el papel representa a la derecha peruana esté aplicando recetas de corte asistencialista sin que eso genere el mismo nivel de escrutinio crítico que recibiría, por ejemplo, un gobierno de izquierda haciendo exactamente lo mismo.
La pregunta que debería estar en el centro del debate no es si Keiko Fujimori supo «calmar» un paro de transportistas. Es si un país puede sostener su institucionalidad sobre la base de negociar multas y subsidios cada vez que un gremio amenaza con salir a la calle. Porque si la fórmula funciona una vez, funcionará siempre —y el próximo paro, en cualquier sector, ya sabe exactamente qué pedir.