Tratar lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero de 2025, exige despojarse consignas ideológicas y de gestos retóricos. Exige, ante todo, una lectura jurídica y política responsable, enfocada desde la defensa de la dignidad humana y en el respeto al orden democrático. La prolongada crisis venezolana no es un episodio coyuntural: es la consecuencia de un proceso sostenido de erosión institucional que ha terminado por expulsar a millones de ciudadanos de su propio país, fragmentando familias y tensionando a toda América Latina, asociado además a una grave acusación de narcotráfico que contaminó a las altas cúpulas del gobierno llanero.
Analizar en este contexto histórico, el futuro de Nicolás Maduro exige abandonar la superficie del debate político y descender a un terreno más incómodo: el de la legitimidad penal internacional. Es la primera vez que Estados Unidos actúa en un ataque directo a un Estado sudamericano. El punto es queno estábamos únicamente frente a un gobernante dictador, sino ante un jefe de poder señalado por presuntos vínculos estructurales con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Ese dato cambia radicalmente la naturaleza del problema venezolano y redefine las motivaciones de la presión internacional, particularmente de los Estados Unidos.
Acusación y amenaza regional
Desde una perspectiva jurídica, las acusaciones de narcotráfico contra la cúpula del régimen venezolano no son simples discursos políticos. Se trata de imputaciones formuladas por fiscales federales, sustentadas en investigaciones de largo aliento, cooperación internacional y testimonios protegidos. Cuando un jefe de Estado es señalado no solo como autoritario, sino como presunto facilitador de economías criminales, el conflicto deja de ser estrictamente interno y se convierte en una amenaza regional y sobre todo, en una amenaza para los Estados Unidos que obligó al presidente Trump, a tomar decisiones en base a su política de seguridad nacional.
En ese contexto, el retiro de Maduro en el poder adquiere una dimensión distinta, por encabezar una estructura que, según las acusaciones, se sostiene de rentas ilícitas que contaminan instituciones, fuerzas armadas y sistemas judiciales. Un Estado capturado por el crimen organizado no puede ofrecer garantías de derechos, ni seguridad, ni futuro a su población.
Las motivaciones de los Estados Unidos para intervenir en Venezuela deben leerse, entonces, bajo ese enfoque. Washington no impulsa la salida de Maduro únicamente por razones ideológicas o geopolíticas clásicas, sino porque enfrenta un problema de seguridad hemisférica. El narcotráfico venezolano impactaría directamente en rutas, mercados y redes criminales que llegan a Centroamérica y al propio territorio estadounidense. La intervención contra Maduro responde, en buena medida, a la lógica de neutralizar un nodo estatal del crimen organizado.
Tolerancia internacional
Desde el derecho internacional contemporáneo, esta posición no es arbitraria. Cuando un régimen pierde legitimidad democrática y, además, es acusado de criminalidad transnacional, la tolerancia internacional se reduce drásticamente por el escenario excepcional que exige respuestas excepcionales. Las sanciones personales, las recompensas judiciales y el aislamiento diplomático no buscan negociar reformas cosméticas, sino provocar un quiebre real en la estructura de poder. En términos prácticos, Estados Unidos asume que con Maduro no hay transición posible: solo prolongación del conflicto.
El Perú y la migración venezolana
Las posiciones y las opiniones son encontradas; no se sabe lo que viene, no se sabe qué pasará luego ni si el régimen resistirá. Mientras tanto, el Peru observa este escenario con particular preocupación y realismo. Nuestro país ha sido testigo directo de los efectos humanos de un Estado fallido: familias desintegradas, migración forzada y tensiones sociales internas. Por ello, la posición peruana no se limita a la defensa abstracta de la democracia, sino que apuesta por una solución de fondo: la salida del régimen como condición para el retorno digno de los ciudadanos venezolanos.
Aquí conviene ser claros. Ningún plan de retorno será viable mientras el poder esté asociado a economías ilícitas. Ninguna familia regresa a un país donde el Estado es parte del problemal. La soberanía no ampara el delito ni la captura criminal del Estado.
El futuro de Maduro, en este escenario, está orientado a ser juzgado y condenado en los Estados Unidos. Definitivamente Maduro enfrenta un horizonte judicial complejo.
Desde una perspectiva jurídica, lo ocurrido en Venezuela impone deberes concretos a la comunidad internacional para preservar la democracia en América Latina y defender la legalidad y legitimidad de los gobiernos. Hasta la próxima.