Un vacío legal mantiene paralizada la fiscalización laboral en las micro y pequeñas empresas (Mypes) del país. Desde el 9 de julio de 2026, más de 40 inspectores laborales que ingresaron mediante concurso público al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) permanecen sin poder ejercer sus funciones debido a la falta de un marco normativo vigente que les permita realizar inspecciones.
La situación también evidencia problemas de infraestructura, logística, presupuesto y organización administrativa, lo que ha dejado sin capacidad operativa al sistema encargado de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral en el segmento empresarial que concentra la mayor cantidad de trabajadores del país.
Los inspectores permanecen en la sede central del MTPE, en Lima y Callao, así como en diversas regiones, sin posibilidad de atender denuncias por despidos arbitrarios, accidentes de trabajo, incumplimiento de beneficios laborales u otras infracciones que afectan a miles de trabajadores.
El vencimiento de la ley paralizó las inspecciones
El origen del problema se remonta al vencimiento de la Ley N.° 30814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo, que establecía la transferencia temporal de competencias, personal y acervo documentario hacia la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por un periodo de ocho años.
Al concluir la vigencia de esa norma el pasado 9 de julio, y al no aprobarse oportunamente una nueva ley que garantizara la continuidad del modelo de fiscalización, la Sunafil dispuso el cese de funciones de estos inspectores y ordenó su retorno a las entidades de origen mediante comunicaciones enviadas durante la noche del mismo día.
Según los inspectores, esta decisión se produjo sin un proceso de transición planificado ni coordinado entre la Sunafil, el MTPE y los gobiernos regionales, generando una situación de incertidumbre administrativa que, hasta la fecha, continúa sin resolverse.
La no renovación de la norma ocurrió luego de que el entonces presidente de la República, José María Balcázar, observara el Proyecto de Ley N.° 9621-2024, iniciativa que buscaba dar continuidad al proceso de transferencia de competencias.
Mypes quedan sin supervisión laboral efectiva
La situación resulta especialmente delicada porque los 43 inspectores laborales afectados son los únicos con competencia para intervenir en las micro y pequeñas empresas, segmento donde se concentra aproximadamente el 75 % de las inspecciones laborales que se realizan a nivel nacional.
En Lima Metropolitana y el Callao, 16 inspectores —entre supervisores, inspectores de trabajo e inspectores auxiliares— permanecen en oficinas del MTPE con un espacio físico asignado, pero sin facultades legales para emitir órdenes de inspección ni iniciar procedimientos administrativos.
En las regiones, el panorama es aún más complejo. Varios inspectores retornaron a los gobiernos regionales y encontraron que sus plazas habían sido eliminadas, las áreas de inspección reorganizadas o simplemente ya no existían. Además, denuncian la ausencia de presupuesto, equipos y condiciones mínimas para desarrollar sus labores. Algunos incluso afirman haber acudido a comisarías para dejar constancia de que se les impidió ingresar a sus antiguos centros de trabajo.
Como consecuencia, los trabajadores de las mypes enfrentan dificultades para denunciar presuntas vulneraciones de sus derechos laborales, al no existir una entidad con competencias claramente definidas para atender estos casos.
Inspectores piden una solución urgente al MTPE
Frente a este escenario, los inspectores laborales solicitaron una reunión con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore, para plantear una salida inmediata que permita restablecer el sistema de inspección laboral.
Entre sus principales pedidos figura que el Ejecutivo adopte las medidas administrativas y legales necesarias —incluyendo el uso de facultades legislativas, de ser el caso— para concretar una nueva transferencia de los inspectores a la Sunafil y garantizar que esta entidad continúe ejerciendo el rol de autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo.
Los inspectores advierten que mantener la actual situación podría generar un serio retroceso en la protección de los derechos laborales, al fragmentar nuevamente el sistema de fiscalización y dejar sin supervisión efectiva a miles de micro y pequeñas empresas.
Mientras no se adopte una solución normativa, los trabajadores que buscan denunciar despidos, incumplimiento de beneficios sociales, accidentes de trabajo u otras infracciones continúan enfrentando un escenario de incertidumbre. Según los inspectores, actualmente la Sunafil señala que carece de competencia para intervenir en las mypes, mientras que el MTPE y los gobiernos regionales sostienen que tampoco cuentan con un sistema operativo de inspección, dejando a miles de denuncias sin una autoridad que pueda tramitarlas.