La silenciada renuncia del secretario general de la ONPE y sus denuncias sobre presuntas manipulaciones en el sistema electoral abren inevitablemente una nueva pregunta: ¿las denuncias de irregularidades formuladas por Rafael López Aliaga tenían, al menos en parte, algún sustento que nunca se quiso investigar?
Durante meses, la denuncia del fraude fue descalificada y ridiculizada. Se dijo que eran simples teorías conspirativas, se acusó a sus promotores de intentar desestabilizar el proceso y el tema fue rápidamente archivado en la discusión pública. Hoy, sin embargo, la dimisión de un alto funcionario de la ONPE, acompañada de denuncias sobre presuntas alteraciones y manipulaciones, obliga a volver la mirada hacia un episodio que el país parece decidido a olvidar.
Lo más llamativo es el silencio. El Gobierno no dice nada. El Congreso no exige explicaciones. La Fiscalía y los organismos de control tampoco han mostrado interés en profundizar el caso. Y la prensa de investigación, tan activa en otros escándalos políticos, parece haber desaparecido de la escena. Como es obvio, Keiko y el fujimorismo viven su luna de miel con besamanos, recibiendo a políticos dinosaurios para la foto.
Un gobierno bajo sospecha
Ese silencio tiene un costo político. El nuevo gobierno de Keiko Fujimori nace en medio de una profunda división nacional y tras una elección extremadamente ajustada: 50,135 % frente a 49,865 %, una diferencia de apenas 49.641 votos.
Además, Fuerza Popular solo logró imponerse en nueve de las veinticinco regiones del país, mientras la mayoría del territorio nacional votó por su contendor. El voto del exterior terminó siendo determinante para inclinar la balanza electoral, es decir, el triunfo se definió en gran medida con sufragios de ciudadanos que no residen en el país y que no enfrentan cotidianamente los problemas de inseguridad, desempleo y crisis institucional que padecen los peruanos.
Por ello resulta extremadamente delicado que no se investigue a fondo la renuncia de un funcionario de primer nivel que advirtió sobre presuntas manipulaciones en el sistema electoral. En cualquier democracia madura, una denuncia de esa naturaleza habría provocado una investigación inmediata del Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y los organismos de control. Aquí, en cambio, parece imponerse una consigna tácita: no hacer preguntas y pasar la página.
La verdad pendiente
Por eso resulta legítimo preguntar: ¿Por qué nadie parece interesado en conocer qué ocurrió realmente en la ONPE? ¿Por qué la renuncia de un alto funcionario electoral, acompañada de denuncias sobre presuntas manipulaciones en el sistema, no ha generado una investigación de gran alcance? ¿Por qué quienes antes exigían explicaciones por cualquier irregularidad hoy guardan un silencio sepulcral?
El exsecretario general de la ONPE presentó su renuncia debido a una presunta manipulación de sus equipos de cómputo y a la supuesta alteración de información institucional, además de advertir sobre una situación que calificó de grave dentro del organismo electoral. La ONPE rechazó las acusaciones y afirmó que no se habían presentado pruebas públicas que las respaldaran.
Pero precisamente por la gravedad de las afirmaciones, la pregunta sigue vigente: ¿No merece el país una investigación exhaustiva e independiente? Porque si las denuncias son falsas, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Y si tienen algún fundamento, el país merece conocer toda la verdad.
En una democracia, tan grave como un fraude probado es una denuncia de semejante magnitud que nadie quiere investigar. Y tan peligroso como manipular una elección es que las instituciones encargadas de defenderla prefieran guardar silencio.