Una nueva acción de fiscalización pone bajo la lupa la ejecución de millonarias obras públicas en Ucayali. El diputado Jaime Abensur Pinasco, de Fuerza Popular, requirió formalmente al Gobierno Regional de Ucayali información detallada sobre tres proyectos de alto impacto que presentan serios cuestionamientos por retrasos, paralizaciones, adendas, arbitrajes y presuntas deficiencias en su ejecución.
El pedido, remitido con carácter de «muy urgente», comprende el Hospital Regional de Pucallpa, el proyecto de agua potable y alcantarillado de Yarinacocha II y la carretera Santa Ana–Oori, consideradas obras estratégicas para mejorar los servicios de salud, saneamiento y conectividad de miles de habitantes de la región.
Fiscalización alcanza a tres obras emblemáticas
En los oficios enviados al Gobierno Regional, el parlamentario solicita un informe pormenorizado sobre el estado actual de cada proyecto, incluyendo el avance físico y financiero, las causas de las paralizaciones, las adendas aprobadas, los arbitrajes en trámite, el uso de los recursos públicos y las medidas adoptadas para garantizar la culminación de las obras.
Asimismo, requiere que se identifiquen las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados y que se informe qué acciones se han implementado para evitar mayores retrasos y proteger la inversión pública.
La información permitirá determinar si la ejecución de estos proyectos se ajustó a los principios de eficiencia, transparencia y correcta administración de los recursos del Estado.
Proyecto de Yarinacocha II genera mayor preocupación
Uno de los casos que concentra la atención del legislador es el proyecto de agua potable y alcantarillado de Yarinacocha II, cuyo costo de inversión, según la documentación revisada, se habría incrementado hasta en 828 % respecto al presupuesto inicialmente previsto.
Frente a esta situación, Abensur exige que el Gobierno Regional sustente técnica y legalmente las razones que originaron dicho incremento y precise quiénes autorizaron las modificaciones que derivaron en el considerable aumento del costo de la obra.
El parlamentario considera indispensable esclarecer si las ampliaciones presupuestales respondieron a criterios técnicos debidamente sustentados o si existieron decisiones que puedan comprometer la correcta utilización de los recursos públicos.
«La población merece respuestas»
Jaime Abensur sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con estas inversiones y por qué obras consideradas prioritarias para la región permanecen inconclusas o enfrentan diversos problemas administrativos y contractuales.
«Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió con estas obras, cómo se administraron los recursos públicos y cuándo serán culminadas. La fiscalización busca transparencia, rendición de cuentas y resultados concretos para Ucayali», afirmó.
El legislador señaló que continuará ejerciendo su labor de control político y anunció que dará seguimiento a la respuesta del Gobierno Regional de Ucayali para determinar las responsabilidades que correspondan y verificar que los proyectos puedan concluirse en beneficio de la población.