El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Conatracc), Augusto Ramos Dolmos, salió al frente para rechazar las acusaciones que lo vinculan con presuntos antecedentes por extorsión, y denunció la existencia de una campaña orientada a deslegitimar su labor sindical y limitar su participación ante autoridades y empresas. El dirigente, además, cuestionó que se use este tipo de señalamientos para poner en duda sus reuniones con el ministro de Vivienda.
Al respecto, Ramos Dolmos fue enfático: «Yo no registro antecedentes policiales, penales ni judiciales», afirmó, mostrando documentos como respaldo de su versión. Explicó que, como dirigente sindical y fundador del proyecto FENATRACC-CONATRACC desde el año 2005 —es decir, con 21 años de trayectoria—, ha cumplido con el protocolo que exige el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para registrar un sindicato: todo dirigente y afiliado debe presentar el carnet RTCC, documento que el MTPE entrega solo a los trabajadores sin antecedentes. A ello se suma que, quienes ocupan cargos dirigenciales, deben presentar certificados de antecedentes policiales, penales y judiciales sin observaciones. «Nosotros estamos limpios; por esta razón, en estos 21 años de existencia, el Ministerio de Trabajo nos entrega nuestro respectivo registro sindical y mandato», sostuvo, mostrando documentación del MTPE. «Por tanto, somos organizaciones sindicales legales y formales. No somos un seudo sindicato. Los seudo sindicatos o sindicatos fantasmas son los que no están registrados en el MTPE.»
Para respaldar sus declaraciones, el dirigente exhibió documentación oficial reciente que acredita su situación ante las autoridades del Estado:
- Certificado Judicial de Antecedentes Penales (N° 15307538): Emitido por el Poder Judicial del Perú el 6 de junio de 2026, el cual certifica explícitamente que Ramos Dolmos «NO REGISTRA ANTECEDENTES».
- Certificado de Antecedentes Policiales (N° 0005257967): Expedido por la Policía Nacional del Perú (PNP) con la misma fecha, donde se confirma formalmente que el titular «NO REGISTRA ANTECEDENTES».
«Utilizan un refrito de hace muchos años»
La controversia se intensificó luego de que un medio de comunicación publicara, el miércoles pasado, una denuncia sobre las reuniones que Ramos Dolmos sostuvo con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González. El medio informó que el dirigente acudió al despacho ministerial en su condición de representante de Conatracc, y cuestionó que el titular del sector lo haya recibido pese a los antecedentes que le atribuye.
Una investigación publicada por La República el 19 de agosto añadió elementos que contrastan directamente con la versión del dirigente: según ese reportaje, Ramos Dolmos habría estado en prisión durante dos años y 37 días, y la Sucamec le habría negado una licencia para portar armas debido a una condena por extorsión.
Ramos Dolmos sostiene que las referencias a antiguas acusaciones por extorsión son utilizadas actualmente para afectar su imagen pública. Según su versión, esas denuncias, que califica de «amañadas», corresponderían a hechos pasados cuya situación judicial —afirma— fue archivada, y que él mismo aclaró en una conferencia de prensa en 2016.
«Utilizan un refrito de hace muchos años para pasarlo como información actual, usando el apelativo despectivo de ‘Cholo Dolmos’. Aclaro: yo me llamo Augusto Ramos Dolmos. Esa acusación de extorsión fue aclarada y fui declarado inocente», sostuvo el dirigente, quien aseguró contar con documentación que, según su versión, acredita su situación frente a los registros policiales, judiciales y penales.
Disputa por la representatividad sindical
El dirigente de Conatracc sostiene que las críticas se producen especialmente cuando desarrolla gestiones ante empresas y entidades del Estado relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores de construcción civil, como un aumento salarial justo. Además, alertó sobre posibles paros en obras de saneamiento por la falta de pago de valorizaciones y mayores metrados por parte de funcionarios de gobiernos anteriores en entidades como Sedapal y el PAS. Estos aumentos, según explicó, son planteados por Conatracc ante el MTPE y CAPECO, en contraste con lo negociado por la FTCCP-CGTP con la patronal, a la que calificó de haber pactado incrementos «irrisorios», como el acuerdo de 2005 que fijó un aumento de S/0.35 céntimos por día laborado.
Según su versión, sectores vinculados a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), junto con lo que denomina «elementos de la izquierda caviar» y redes que —según afirma— sirven a esos sectores, buscarían cuestionar la legitimidad de su organización y limitar su participación en negociaciones y coordinaciones institucionales.
Conatracc respalda a Ramos
De acuerdo con un reporte publicado por Infobae Perú este martes, la propia Conatracc salió a respaldar a su dirigente, afirmando que las denuncias en su contra responden a una disputa por la representación del sector de construcción civil, y no a hechos actuales. La organización también marcó distancia de CAPECO en medio de las informaciones que en los últimos días vinculan a dirigentes del sector con presuntos delitos de extorsión.
Ramos Dolmos afirma que Conatracc representa a aproximadamente 250,000 obreros y obreras afiliados a nivel nacional, con federaciones nacionales y regionales, y sindicatos en todo el territorio peruano. Sostiene, además, que su organización decidió apoyar de forma activa y abierta la candidatura de la presidenta Keiko Fujimori desde los procesos electorales de 2011, 2016, 2021 y 2026, en ejercicio de lo que considera su derecho constitucional a pensar y decidir libremente.
«Cada vez que, como líder principal de Conatracc, establezco una gestión a favor de los derechos laborales de los obreros y obreras ante las empresas y autoridades gubernamentales, empiezan a divulgar falsos antecedentes negativos de mi persona y de la organización que represento», afirmó.
El dirigente cuestionó, además, que se utilicen esos supuestos antecedentes como argumento para dudar de su actividad sindical actual. Aseguró que, de existir impedimentos legales vigentes, su organización no podría mantener su reconocimiento dentro de los registros correspondientes del Ministerio de Trabajo, que —según sostiene— sí lo respalda.
Tomarán acciones legales
La disputa trasciende la figura de Ramos Dolmos y alcanza a la propia representación de los trabajadores de construcción civil, un sector particularmente sensible por su peso en la ejecución de obras públicas y por los problemas de seguridad y extorsión que afectan actualmente a diversas actividades vinculadas a la construcción.
«No tengo ningún antecedente sobre extorsión y tengo cómo probarlo», aseguró el sindicalista, quien denuncia que facciones de la CGTP y la FTCCP pretenderían perjudicar su imagen acusándolo de delitos para evitar su labor dirigencial en defensa de los trabajadores. «Por lo que tomaremos acciones legales: los vamos a querellar y vamos a ganar estos juicios, y podrían ir a la cárcel todos los que me están difamando. Todo esto es en defensa de mi honor y de la organización sindical que represento», afirmó.