Después de más de 20 años de litigio, cinco comerciantes consiguieron que el Poder Judicial condene al administrador del Mercado Mayorista N.° 2 de Frutas de La Victoria, Willy Cuadros Bonilla, a 8 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de extorsión agravada. Aunque la pena impuesta inicialmente fue de 13 años, esta fue reducida por razones de edad.
En el mismo proceso, otros 12 implicados recibieron una condena de 13 años de prisión efectiva por integrar la organización que, según la sentencia, extorsionó durante años a comerciantes del mercado. Además, el juzgado ordenó que cada uno de los sentenciados pague S/ 20 mil por concepto de reparación civil a favor de las víctimas.
Dos décadas de denuncias por cobros ilegales y amenazas
El caso tiene su origen en denuncias formuladas hace más de dos décadas por comerciantes que afirmaban ser víctimas de amenazas, intimidaciones y cobros irregulares para poder trabajar, descargar mercadería o desarrollar normalmente sus actividades dentro y en los alrededores del Mercado Mayorista de Frutas.
En 2019, dirigentes del mercado denunciaron públicamente que existía una red dedicada al cobro de «cupos» a transportistas y comerciantes. Según sus testimonios, quienes se negaban a pagar eran amenazados e incluso agredidos físicamente. En esas denuncias, el entonces dirigente Joel Estrada sindicó públicamente a Willy Cuadros Bonilla como el presunto líder de la organización.
Las investigaciones fiscales permitieron que el caso llegara a juicio, culminando ahora con una sentencia condenatoria que los agraviados consideran histórica por el tiempo transcurrido y la complejidad del proceso.
Una administración rodeada de disputas judiciales
El nombre de Willy Cuadros Bonilla ha estado durante años vinculado a conflictos por la administración del Mercado Mayorista N.° 2 de Frutas. Diversos procesos judiciales y constitucionales evidencian las disputas entre grupos de comerciantes por el control administrativo del centro de abastos, mientras diferentes asociaciones cuestionaban la permanencia de la comisión administradora encabezada por Cuadros.
En 2024, comerciantes también exigieron transparencia sobre el manejo de los recursos económicos del mercado y denunciaron que la administración permanecía en funciones pese a las investigaciones fiscales en curso por presuntos actos de extorsión.
Tras conocerse la sentencia, las víctimas señalaron que la decisión judicial representa un precedente en la lucha contra la criminalidad organizada infiltrada en los grandes centros de abastos del país. Sin embargo, advierten que el caso aún no concluye.
Ahora esperan que la Policía Nacional ubique y capture a los sentenciados que permanecen prófugos para que cumplan la condena impuesta y se cierre definitivamente uno de los procesos por extorsión más emblemáticos registrados en el Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria.