La Asociación de Propietarios del Sector La Arena de Pachacámac exigió la intervención urgente del Gobierno ante el riesgo sanitario y ambiental que, según advierten, enfrenta esta zona por la falta de una red pública de alcantarillado.
Los vecinos alertan que la utilización de alrededor de 414 sistemas individuales, entre pozos sépticos, biodigestores y otros mecanismos de tratamiento de aguas residuales, podría generar contaminación del suelo, del acuífero y de la capa freática.
La preocupación se suma a las observaciones formuladas por la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que advirtió el incumplimiento de la normativa urbanística y exhortó a la Municipalidad de Pachacámac a verificar las autorizaciones otorgadas y evaluar su nulidad. Ante ello, los vecinos cuestionan la falta de acciones de la gestión del alcalde Kike Cabrera y piden investigar las presuntas irregularidades, omisiones o responsabilidades que pudieran existir.
El origen: una zonificación «cambiada» a punta de oficios
El sector La Arena, en la urbanización San Fernando, tiene zonificación Casa Huerta 2 (CH-2) desde 2008, ratificada en 2020: lotes de mínimo 2,500 m², 80% de área libre y una densidad de apenas 10 habitantes por hectárea, pensada para proteger la cuenca baja del río Lurín. Ahí, la empresa Los Portales compró cerca de 20 hectáreas y desarrolló el proyecto Fundo Pradera Pachacámac, una habilitación urbana tipo Club —de construcción simultánea y venta garantizada— con 414 lotes de entre 140 y 180 m², una fracción de lo que exige la norma.
Para justificarlo, la empresa presentó dos oficios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Oficio N.º 1573-2016-VIVIENDA y Oficio N.º 323-2023-VIVIENDA), que interpretan de forma parcial una frase de la ordenanza municipal —»sobre avenidas se permitirán actividades turísticas y recreativas campestres»— para sostener que el proyecto era compatible con la zonificación CH-2. El problema, según el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y el Instituto Catastral de Lima (ICL), es que esa interpretación ignora que el resto de parámetros —lote mínimo, área libre, densidad— se debe cumplir en su totalidad, y que cualquier consulta sobre zonificación le corresponde resolverla a la Municipalidad Provincial de Lima, no al MVCS. El propio Tribunal Constitucional (sentencia 302/2023) ha señalado que la zonificación es competencia municipal exclusiva.
La cadena de complicidades que denuncian los vecinos
Con esos oficios en mano, los Revisores Urbanos dieron por conforme el proyecto y el MVCS aprobó también, en junio de 2023, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pese a que el propio ICL había advertido que los usos permitidos en CH-2 —vivienda unifamiliar, huertas, viveros, actividad agrícola— no autorizan variar el lote mínimo. La Municipalidad Distrital de Pachacámac, por su parte, expidió la licencia de habilitación urbana y hasta la recepción de obras, sin verificar el cumplimiento de la zonificación vigente y a pesar de que el caso ya estaba judicializado. Cuando la GDU de la MML le exhortó, entre 2023 y 2024, a declarar la nulidad de oficio de esas autorizaciones, el municipio distrital simplemente no respondió.
A eso se suma el problema que Los Portales trasladó a los propios compradores: según su Declaración de Impacto Ambiental y su Memoria Descriptiva, el proyecto no contempla redes de desagüe, y cada propietario deberá instalar su propio biodigestor o pozo séptico. SEDAPAL ya confirmó que no puede atender el alcantarillado de la zona. El resultado: 414 sistemas individuales de tratamiento en un área definida por ley para proteger la calidad ambiental y ecológica del valle del Lurín.
Lo que viene: de la vía administrativa al Poder Judicial
Ante el desacato municipal, la Asociación interpuso un proceso contencioso administrativo, admitido en enero de 2024. Un primer fallo archivó la demanda por «falta de legitimidad», pero la Sala Civil Permanente de Lima Sur revocó esa decisión en agosto de 2025, reconociendo que los vecinos sí tienen legitimidad e interés subjetivo para demandar, «al señalar que es titular del derecho a vivir en una zona cuyo objetivo es la conservación de la calidad ambiental y ecológica». El informe oral está programado para julio de 2026, antes de que se emita sentencia.
Frente a esta situación, los vecinos solicitaron que el ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández; el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González, dispongan una evaluación integral de la zona y adopten medidas preventivas.
La preocupación podría agravarse ante lluvias intensas, desbordes o un eventual Fenómeno El Niño, debido a las características de la zona y su ubicación en la cuenca baja del río Lurín. Los vecinos consideran que las autoridades deben actuar antes de que el riesgo sanitario y ambiental se convierta en una emergencia de mayores dimensiones.
«No podemos esperar a que ocurra una contaminación o una emergencia para recién actuar. Los ministros de Salud, Ambiente y Vivienda deben intervenir ahora, evaluar los riesgos y garantizar la protección de las familias de Pachacámac», señalaron los representantes de la Asociación.
Finalmente, solicitaron una inspección multisectorial urgente y la adopción de medidas preventivas para evitar una eventual contaminación y reducir los riesgos frente a lluvias intensas y fenómenos climáticos.