Ante las protestas de los pobladores del sur de Lima, que exigen la continuidad de la mega obra ‘La Nueva Rinconada’, la empresa Sedapal se pronunció señalando que descarta “categóricamente” que la citada obra, que es el más emblemática de Lima Sur, sufra algún riesgo de eventual paralización.
Mediante un comunicado, manifestó que la institución, a través de la Supervisión de Obra, verifica de manera continua que el contratista San Miguel cumpla con sus obligaciones y el plazo de entrega del proyecto, el cual, a la fecha, supera el 76% de avance financiero.
Vale mencionar que el avance financiero se refiere a los gastos devengados en un proyecto, mientras que el avance de ejecución se centra en el desarrollo de las metas a través de la ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios. De esta segunda depende la culminación de todo proyecto en el Perú.
“No obstante, Sedapal ha sostenido reuniones con las partes involucradas para alcanzar un acuerdo, que permita solucionar el motivo de la protesta”, refirió Sedapal mediante un comunicado, en el que insistió en que la obra estará lista en 2025.
Finalmente, la empresa estatal que brinda servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales en el área de Lima y Callao bajo el manto del FONAFE reafirmó su “compromiso de entregar la obra en los plazos establecidos, la cual está prevista para el presente año”.
Marcha de vecinos
Vecinos de los distritos de Villa El Salvador (VES), Villa María del Triunfo (VMT) y San Juan de Miraflores (SJM) marcharon la semana pasada para exigir que no se paralice la mega obra “La Nueva Rinconada Etapa 1 – frente 2”, proyecto clave con un presupuesto de 1,200 millones que beneficiará con agua potable y alcantarillado a más de dos millones de personas y denunciaron que los proveedores de una de las empresas consorciadas tienen la intención de impedir que se culmine la misma, sin importar el perjuicio que esto va generar a la población.
El presidente del comité central de agua y alcantarillado del proyecto, Carlos Chávez, presentó un audio (ver video) asegurando que es la voz de la señora Shirley Aliaga, una de las coordinadoras de los proveedores. En el registro se escucha que llama abiertamente a detener la obra como medida de presión, sin importar el perjuicio que esto podría causar a la población más vulnerable de la capital.
«En esta central hay materiales, hay tuberías, hay insumos, hay maquinarias. Vamos a mover señores, ¡qué se paralice la obra!, qué vengan los comités, que se quede sin agua toda esta población, pero esto es culpa del consorcio, el consorcio, ese que está dirigido por los chinos. No quieren arreglar con nosotros, entonces la población pobre de acá va a ser la perjudicada para quedarse sin agua y desagüe», se escucha en el audio.
Chávez sostiene que eso evidencia que a los proveedores no les importa perjudicar a más de 2 millones de personas de bajos recursos que vienen luchando por su derecho al agua y una mejor calidad de vida para ellos y sus familias desde hace más de 20 años, que viven en los citados distritos del sur de Lima.
No son proveedores oficiales
El dirigente denunció que quienes han bloqueado el acceso al almacén del proyecto no son proveedores oficiales del consorcio encargado de la obra. Según explicó, no existe ningún contrato formal que respalde los servicios que estos proveedores afirman haber prestado. “No vamos a permitir que se toque ni un solo centavo de los fondos públicos que administra el consorcio San Miguel para pagar deudas de la empresa 2H, que lo único que ha traído a esta obra son problemas”, señaló Chávez.
Asimismo, cuestionó que los proveedores no hayan tomado acciones legales contra la empresa 2H, que supuestamente les adeuda pagos millonarios, y en cambio, estén dirigiendo sus reclamos hacia el consorcio San Miguel. Según Chávez, esta situación resulta sospechosa, ya que la empresa 2H continúa contratando con el Estado y cuenta con recursos para saldar sus deudas. “Ni siquiera han denunciado a 2H ante el INDECOPI, que podría ordenar su quiebra y presionar para que les paguen”, agregó.
Chávez hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que intervenga y garantice la ejecución de la obra, tal como prometió. Además, pidió que Sedapal no se involucre en controversias entre privados y actúe con transparencia ante los intereses de la población. “Es inadmisible que se quiera utilizar dinero público para saldar deudas privadas sin respaldo legal”, recalcó.
Los dirigentes y vecinos han advertido que no permitirán que intereses privados pongan en riesgo una obra de esta magnitud, que representa una solución histórica para millones de personas. Chávez aseguró que cualquier intento de obstrucción será denunciado penalmente y reiteró la necesidad de que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar la culminación del proyecto.
Manifestaron que no cesarán en sus reclamos hasta que se asegure la culminación del proyecto que es fundamental para su calidad de vida y advirtieron que denunciarán penalmente a quienes intenten bloquear el derecho de sus comunidades a acceder al agua potable pues de acuerdo al artículo 283 del Código Penal, es un delito el entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.