Casi 200 mil personas están afectadas con el retraso del proyecto denominado ETAPA 2: CACHIMAYO, que detuvo sus trabajos por más de 300 días en el inicio de su frente más importante- sector Casuarinas que representa el 36% de total del contrato. Esta situación se generó por la negligencia del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y de la Supervisión, al ordenar la reubicación sin contar con el sustento técnico correspondiente, y sin notificar al BID, tal cual lo exige el contrato de Préstamo.
Desde el inicio del proyecto, comunidades locales bloquearon el acceso a los terrenos, impidiendo el desarrollo de trabajos técnicos. Frente a ello, la supervisión en representación del PNSU, de acuerdo a la facultad que le otorga el contrato financiado por el BID – Banco Interamericano de Desarrollo, instruyó al contratista a desarrollar una reingeniería para reubicar los tanques tormenta, con lo cual paralizó gran parte de la obra; no obstante, tras más de 10 meses de estudios e inversiones técnicas, esta decisión fue revertida por la propia Supervisión, ordenando retornar al diseño original, sin tomar en cuenta los cuantiosos sobre costos que el Estado incurrirá por una paralización sin sustento.
Según fuentes del diario Expreso, el PNSU y la Supervisión que lo representa, desconocen la ampliación de plazo y el pago de los mayores gastos generales que le corresponden al contratista según el contrato, tras haberle ordenado la reubicación de los tanques tormenta. Sin embargo, lo más grave es que cuenta con el apoyo incondicional del actual Director Ejecutivo del PNSU
Riesgo de resolución contractual
Este es un hecho grave, porque pone en riesgo la continuidad de la obra, debido a que desconocer la responsabilidad de una paralización y negar la ampliación de plazo que por contrato corresponde, genera un atraso no atribuible al contratista, que podría configurar una causal de Resolución de contrato por un retraso en el que los únicos responsables son los funcionarios del PNSU y el Supervisor.
Urgente intervención del Ministerio de Vivienda
La unidad de investigación de este diario cuenta con documentos que prueban de manera fehaciente que el PNSU y la Supervisión que lo representa, no solo ordenaron que se realicen los estudios y el diseño de la reubicación de los tanques tormenta, sino que además omitieron consultar de este cambio al Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Es importante señalar que el Contrato de Préstamo con el BID en su ARTÍCULO 7.03 del CAPÍTULO VII Supervisión y evaluación del Proyecto, literalmente dice:
“Informar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco cuando se identifiquen riesgos o se produzcan cambios significativos que impliquen o pudiesen implicar demoras o dificultades en la ejecución del Proyecto…”
Sin embargo, lo más delicado es que estas irregularidades alcanzarían al jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento – MVCS, abogado Pavel Navarro Gutiérrez, quien a su vez ocupa el cargo de Director Ejecutivo encargado del Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, ya que su inacción resulta sospechosa.
Los documentos probatorios:
La carta de fecha 24 de mayo de 2025: CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0253-2025- RPTA INCOMP. TÉC. S. CASUARINAS en la cual el supervisor externo de la obra reconoce literalmente que:
“… Por último, la Supervisión informa al Contratista que entendemos claramente los atrasos que se pueden presentar para el inicio de las obras del Sistema Casuarinas por los motivos expuestos, por lo que manifestamos que los tiempos que se requieran para revisar, definir y ajustar los diseños, así como los tiempos que se requieren durante el proceso de formalización y legalización de la posible variación, no serán de responsabilidad del Contratista, de conformidad con lo previsto en las Cláusulas Contractuales…”
Los documentos son contundentes, por lo que deben ser investigados de inmediato por el Ministerio de Vivienda y por el ministerio público, ya que implican no solo millonarias pérdidas económicas al Estado, sino que la conducta de los funcionarios públicos resulta sospechosa e injustificada.
PNSU declaró ante los a medios del Cusco.
Es sospechosa y grave, la manera de actuar del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que al tomar conocimiento a través de los medios comunicación del Cusco, que denunciaron que la obra fue paralizada por más de 300 días irregularmente, en lugar de informar a la opinión pública cuzqueña, de las medidas disciplinarias, legales y contractuales que se tomarían de inmediato contra los funcionarios y la supervisión, responsables de esta paralización, enviaron a un coordinador técnico de apellido Juscamaita que declaró ante los medios del Cusco que la obra no presenta ningún problema y que si bien se había paralizado un frente, este se había reactivado, pero a toda costa evadió informar sobre las medidas disciplinarias y correctivas que se iban a tomar contra los responsables.
Vice Decano del Colegio de Ingenieros ve responsabilidad del PNSU
El Ingeniero José Cabezas Mancilla, Vice Decano del consejo departamental del Cusco, declaró que “el hecho de que se emita una orden de reubicación y 10 meses después se deje sin efecto denota una grave carencia en la gestión del diseño…”
Añadió que “pretender desconocer un atraso real e imputarlo al contratista es una práctica altamente riesgosa para la continuidad del proyecto. Al negar una ampliación de plazo legítima, el avance físico acumulado del contratista caerá por debajo del 80% frente al calendario vigente; esta situación es una causal directa para que la entidad proceda con la intervención económica de la obra o la resolución del contrato por incumplimiento”
Sostuvo que “los funcionarios y supervisores actúan a la defensiva; priorizan la búsqueda de excusas legales para eximirse de responsabilidades en lugar de enfocarse en solucionar los problemas técnicos que exige la obra”.
El BID se pronuncia
El representante del BID, Ingeniero Francisco José Torres Medina, manifestó que «el BID tiene que velar por la correcta ejecución de los fondos que son financiados e hice la misión porque la obra estaba teniendo retrasos muy importantes. Ahí me informaron que habría una reubicación de tanques, que estaban retrasados meses”
«Que me indiquen de antemano el argumento de tal modificación, pues cuando ocurren esas modificaciones el procedimiento es solicitar una aprobación del BID” y “nunca me enviaron tal justificación y lo que me enteré luego por una carta que me enviaron es que se había decidido mantener con la ubicación original para no retrasar más”, concluyó.
Nos comunicamos con el representante del consorcio Cachimayo, el ingeniero Juan Carlos Velásquez y nos manifestó la decisión del consorcio de no dar declaraciones sobre este tema.