La Contraloría General de la República informó que, desde el 3 de enero de 2025, ha dispuesto el inicio de un servicio para recopilar información sobre la «Contratación de Personal para la Oficina Legal y Constitucional» en el Congreso de la República, correspondiente al periodo 2023-2024.
Este servicio tiene como finalidad recopilar datos sobre los procesos de contratación a fin de verificar que se hayan realizado conforme a la normativa vigente, en línea con el compromiso de la Contraloría de garantizar el buen uso de los recursos públicos y promover la transparencia en la gestión pública.
Desde esta nueva gestión, en el periodo de agosto a diciembre de 2024, la Contraloría General emitió como resultado de los servicios de control simultáneo un total de 36,199 alertas por diversas situaciones adversas identificadas en actividades de gestión pública de entidades del gobierno nacional, regional y local.
Las más de 36 000 situaciones adversas se hicieron llegar a las entidades públicas por medio de 19 569 informes de control simultáneo. Los principales sectores con mayor número de observaciones o riesgos identificados son Educación (5582), Transportes (3777), Salud (3669), Saneamiento (2671), Ambiente (2504) y Comunicaciones (305).
En investigación
A raíz del caso de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, la Comisión de Fiscalización viene investigando las contrataciones realizadas durante el periodo en que Alianza Para el Progreso (APP) lidera la Mesa Directiva.
La República informó que al menos en 16 oficinas, la coalición congresal conformada por Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Perú Libre, Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú han designado a sus excongresistas, militantes y allegados como jefes. Algunos cuentan con experiencia en la dinámica parlamentaria, pero las hojas de vida de otros reflejan que no cumplen el perfil técnico suficiente.
Algunos casos
La excongresista Karina Beteta es la jefa del Fondo Editorial del Congreso. En la página web de esta institución no figuran los méritos que sustenten la designación. En los últimos dos años, esta oficina estuvo en manos del fujimorismo. Primero con la expersonera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama, y ahora con Beteta, quien recibe un sueldo de S/ 19.923,00. La exparlamentaria Milagros Salazar también gana S/ 17.991,97 como jefa de la Oficina de Participación Ciudadana.
La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, tiene competencias sobre estas dos oficinas.
Pero también hay otras dirigidas por personas relacionadas a esta agrupación. El jefe del Departamento de Biblioteca es el excongresista fujimorista Diethell Columbus y el jefe del Departamento de Investigación Parlamentaria, es el médico pediatra José Francisco Recoba. El sueldo de cada uno superaría los S/ 15.000,00.
Columbus cuenta con experiencia. Pero en el caso de Recoba, según su hoja de vida, su trayectoria gira sobre el ejercicio de la medicina. En las elecciones generales del 2021, Recoba fue vocero del plan de salud de Keiko Fujimori.
Más funcionarios ligados a FP
El militante fujimorista, Wilfredo Ponce de León Pandolfi, es jefe del Área de Atención Ciudadana con el sueldo de S/ 15.985,78. El portal Convoca.pe informó que el 7 de diciembre del 2017, cuando el Ministerio Público realizó un allanamiento al local del partido de Keiko Fujimori en el Paseo Colón, estuvo presente Ponce de León, quien se presentó como abogado de la agrupación. Por ese año, Ponce de León era jefe de la Asesoría Jurídica del Congreso.
La nueva jefa del Departamento de Comisiones, es la exasesora de la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, Shirley Montenegro, con un sueldo de S/ 16.706,83. La República ha reportado que, de acuerdo a la versión del extesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, Montenegro escogió documentos de la campaña presidencial de Fujimori Higuchi, que luego fueron incinerados en la casa de Ana Herz.