Los principales dirigentes sindicales de construcción civil, como Augusto Ramos Dolmos de la Confederación CONATRACC; Carlos Ramos, de la FENATRACC; Vicente Aponte de la FUSCAP y Óscar Mendoza, de la FETRACCINAN; acordaron desarrollar un Acta de Acuerdo y un Plan de Acción en conjunto, para sumarse a las medidas dictadas por el Ejecutivo, para combatir la ola de extorsiones y crímenes, que afecta también a esta actividad laboral.
Unidad sindical
El presidente de la Confederación de Trabajadores de Construcción Civil (CONATRACC) Augusto Ramos Dolmos, dijo que este avance es sumamente importante para los gremios que representan, porque velarán por la tranquilidad de los obreros, así como de los empresarios constructores, que también han sido víctimas de ataques y asesinatos por el cobro de cupos, por bandas criminales que la Policía Nacional tiene identificadas, pero aún no han sido desarticuladas en su totalidad.
Mesa de Trabajo
El presidente de la CONATRACC, participó en una Mesa de Trabajo en el Congreso de la República sobre seguridad ciudadana, violencia y sicariato en representación de este gremio, donde participaron el presidente del Poder Legislativo Eduardo Salhuana, congresistas y representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, Comando de la Policía Nacional, CONFIEP, Cámara de Comercio de Lima, VII Región PNP, coroneles de los conos, alcaldes distritales y exministros del Interior.
En la reunión Ramos Dolmos, dio cuenta de la larga lista de dirigentes asesinados a manos de las organizaciones criminales por el control de las obras.
Derechos gremiales
Asimismo, informó que mediante una resolución de la Corte Suprema lograron la restitución de sus derechos gremiales para lograr una negociación directa en sus demandas laborales.
«Con esa resolución se niega la Casación de CAPECO y la FTCCP (CGTP) que elevaron contra la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, FENATRACC. Pasaron 14 años de espera y de lucha y por fin la Corte Suprema nos restituye a nosotros el Derecho a la Negociación Colectiva, esta decisión de la Corte es inapelable. CAPECO y el Ministerio de Trabajo tienen que cumplir la ley ahora», acotó.
La Mesa de Trabajo sobre seguridad ciudadana y lucha contra la violencia y el sicariato tendrá una duración de 30 días; luego, se emitirá un proyecto de ley ante el pleno del Congreso de la República, para combatir el crimen y la violencia.