El premier Eduardo Arana describió las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte como carentes de fundamento y sin perspectivas legales, subrayando que su postura no es una defensa absoluta, sino un llamado a respetar el debido proceso.
Además, durante sus declaraciones, el jefe del gabinete alertó sobre el riesgo de usar los órganos constitucionales con fines políticos para perseguir a la mandataria, y destacó que cualquier investigación debe basarse en indicios claros de responsabilidad.
Con firmeza, afirmó que ningún peruano, ni siquiera la presidenta, está por encima de la ley, pero tampoco debe estar por debajo de ella. Arana criticó especialmente la presentación de denuncias que son incompletas o carecen de base legal, indicando que estas acciones afectan negativamente el estado de derecho.
El premier garantizó que el gobierno no pretende entorpecer investigaciones legítimas, pero rechazó de manera contundente cualquier procedimiento basado en “caprichos personales” de autoridades en lugar de en evidencias sólidas.
Las cinco denuncias contra Boluarte
La Fiscalía presentó cinco denuncias constitucionales contra Dina Boluarte en 48 horas, entre el jueves 16 y viernes 17 de mayo.
Caso Cirugías: Se imputa la presunta comisión del delito de omisión de funciones y, de manera alternativa, abandono del cargo por haberse sometido a intervenciones estéticas en junio de 2023 mientras ejercía funciones como jefa de Estado.
Caso ‘El Cofre’: Acusación por encubrimiento personal tras supuestamente facilitar la fuga del prófugo Vladimir Cerrón a bordo de un vehículo de Palacio de Gobierno sin posibilidad de ser intervenido por la Policía.
Caso Rolex y joyas: Presunto enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos oficiales, la Fiscalía señala que Boluarte habría incrementado su patrimonio de forma irregular.
Caso Qali Warma: Presunta colusión agravada en el proceso de compra de alimentos cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Caso Protestas: Presuntas lesiones leves y graves por las muertes ocurridas durante las manifestaciones sociales de 2022 y 2023 en diversas regiones del país.