En Lima existe la idea de que solo el norte, en especial Trujillo, y la misma capital, son el epicentro de la extorsión criminal. No es cierto, también existe en Arequipa, en otras ciudades y avanza en forma acelerada en los últimos meses en todas Las regiones, con el «aporte» del crimen transnacional, en especial de Venezuela.
«Extorsión, amenazas, amedrentamiento, violencia y obstaculización es lo que se vivía en doce obras [en Arequipa], cuatro públicas y ocho privadas, que estaban bajo el control de la presunta organización criminal, «El ladrillo sindical del sur», integrada por miembros del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa». Es lo que constata la Policía Nacional del Perú en una investigación que se hizo pública, según informó el diario Expreso.
Buena investigación
Y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Blanca Ciudad va mucho más allá en el citado caso de “los ladrillos”, pero a diferencia de Lima y el Norte, han sabido investigar y eventualmente condenar a algunos de los autores de los crímenes de extorsión, con el añadido que el cogollo de los facinerosos está a punto de pasar entre 15 y 25 años en las frías celdas de la cárcel de Socabaya.
¿Quiénes son?
Vayamos por partes y cucharadas. El 9 de enero del año pasado el diario Correo de Arequipa dio la clarinada de alerta. La citada Fiscalía bajo la batuta de la Dra. Rosmery Mendoza Palomino tenía previsto acusar al secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa Díaz; así como al exsecretario del sindicato de Construcción Civil, Andrés Saya, por los delitos de organización criminal, extorsión, coacción y disturbios en el caso del Ladrillo sindical del sur y que data del 2019.
Según la investigación fiscal, esta red criminal, que tiene a los ex dirigentes Chapa y Saya como cabecilla y brazo operativo respectivamente, «extorsionaban y cobraba cupos a empresas constructoras que ejecutaban obras públicas en la región, además de golpear a sus propios agremiados obligándolos a paralizar las obras».
Dejan el miedo
Pero en junio de 2019 las empresas empezaron a dejar de lado el miedo a los extorsionadores. Tanto que el consorcio penitenciario Misti y otras 3 empresas denunciaron ante la Fiscalía que eran víctimas de extorsión sistemática y cobro de cupos por parte de los jerarcas locales del sindicato en mención desde inicios de ese año.
Nueva modalidad de crimen organizado
Como se puede colegir, si bien la obra pública en el Perú es uno de los principales motores de la economía; y siempre existieron sindicatos, los actos criminales eran aislados, recordemos, y no eran cometidos por dirigentes sindicales sino por delincuentes comunes infiltrados y por tanto eran finalmente expulsados.
Sin embargo, es en mayo del año 2019 que estas presuntas mafias inician sus actividades delictivas de manera organizada, logrando penetrar en la dirigencia de grandes organizaciones sindicales como la otrora legendaria Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa -FDTA, y su base más fuerte, el sindicato local de construcción civil.
29 empresas extorsionadas
Tan es así que solo en ese año llegaron a extorsionar, según versión de varias empresas locales que prefirieron el anonimato por razones de seguridad, a más de 29 empresas constructoras, generando pérdidas millonarias que bordean los 150 millones de soles, según estos entendidos en proyectos de construcción.
Buena actuación policial
Ante esta nueva realidad, la División de Investigación contra el Crimen Organizado -DIVINCCO- con las denuncias de una decena de empresas constructoras en Arequipa, en el primer semestre del año 2019 decidió iniciar las labores de inteligencia, seguimiento especializado, video vigilancia.
Gracias a ese seguimiento y al apoyo decidido de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, a cargo de la Fiscal Rosmery Mendoza Palomino, se logró además levantar el secreto de las comunicaciones, interceptando los teléfonos de los cabecillas de estas organizaciones, logrando con ello la declaración de testigos protegidos que narran de forma clara las actividades delictivas de esta organización delictiva.
Afectados narran agresiones
Testigos protegidos, residentes y supervisores de obra, en sus declaraciones ante la Fiscalía Especializada en enero de 2022, describen cómo es que, mediante agresiones físicas y extorsiones, estos sujetos a través de los comités de obra, lograron tomar el control de más de una decena de obras en Arequipa: El Penal de Socabaya, el Hospital Maritza Campos, el Hotel Hampton, el Instituto Británico, etc.
Caso del penal Socabaya
La obra más afectada por esta práctica delincuencial, basada en la extorsión y la agresión, de los integrantes de los “ladrillos sindicales” del sur, fue el Centro Penitenciario de Socabaya, que era ejecutada por las empresas Pizarotti de Italia y CMO del Perú.
Según las declaraciones de testigos protegidos y un supervisor de obra ante la fiscalía especializada, esta banda agredía sistemáticamente a los obreros y trabajadores de construcción civil que mas producían, los más eficientes, con el añadido que los obligaban a paralizar.
Testimonios valientes
Las declaraciones del Ing. Lúcar Cabanillas, jefe de supervisión de la obra del penal de Socabaya ante la fiscal del caso la Dra. Rosmery Mendoza Palomino son la mejor prueba registrada en la carpeta fiscal.
“ … Durante el año 2019, era notorio que los trabajadores no producían, es decir habían 800 trabajadores y trabajaba el 40 % y un 60 % no hacía nada (…) A los trabajadores que más producían les pegaban, los amedrentaban para bajarles la moral”, denunció Cabanillas.
Secuestraron a ingenieros
Asimismo, secuestraron a los ingenieros a cargo de la obra por más de tres horas, con el objetivo de obligarlos a contratar más de 1,200 trabajadores de los cuales laboraban únicamente 400, produciendo una pérdida de más de 18 millones de soles únicamente por concepto de baja productividad de la mano de obra.
Politización como refugio
Es importante subrayar que, durante la pandemia y los meses subsiguientes, la Fiscalía recabó las pruebas, y esa fue la base -con apoyo policial- para armar la hipótesis de que estábamos frente a una organización criminal extorsiva, con mayor razón si las declaraciones de los agraviados eran contundentes y el dinero y las propiedades amasados por sus cabecillas, que alguna prensa calcula solo en 150 mil soles mensuales, tenía que tener un final justiciero para empresarios y trabajadores. Aun así, fueron procesados en libertad.
Quisieron pasar como «perseguidos»
Para salvar la cara ante el sindicalismo arequipeño de lo que fue la gloriosa central sindical FDTA, su ex secretario general José Luis Chapa, y Andrés Saya, secretario de Construcción Civil, recurrieron al recursos de que eran “perseguidos políticos”. Más si por entonces, este dúo y otros de sus camaradas se plegaron a colectivos “defensores” del Valle de Tambo y contra la minería.
Chapa era originario de la zona cercana a Tía María, Mollendo Él afirmaba que esa “persecución” tenía sus causas en su posición antiminera; de forma que los sindicalistas eran víctimas de esta posición limeña y también acusaba a la capital de criminalizar las protestas so pretexto de su pertenencia al ladrillo sindical del sur, es decir la politización como refugio.
Los cupos también llamados «cuotas» en construcción civil, es lo que las organizaciones criminales cobran a empresarios, constructores, transportistas y otros para dejarlos trabajar en la zona que tienen bajo su control.