Investigación
Denuncia
Nov 17, 26
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Fiscalía investiga al alcalde Carlos Canales por bloqueo sistemático a proyectos inmobiliarios en Miraflores

Una denuncia por corrupción y desacato apunta a una red interna en la comuna que habría frenado la construcción de 147 departamentos de interés social, generando pérdidas por más de S/ 30 millones.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro abrió investigación preliminar contra el alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, y cinco funcionarios de su gestión. La medida responde a una denuncia presentada por las empresas HL Desarrollos Inmobiliarios y HL DI Residencial (representadas por Jaime Terrones León), que los acusan de integrar una presunta organización criminal para obstruir proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) en el distrito.

​El caso, registrado bajo la Carpeta Fiscal 415-2026 desde el 17 de julio de 2026, señala a Canales como el presunto instigador de una política municipal destinada a paralizar obras que suman 147 departamentos. Los delitos imputados incluyen concusión, cobro indebido, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y desobediencia a la autoridad.

​Los funcionarios bajo investigación

​Además del burgomaestre, la carpeta fiscal incluye a piezas clave del área de licencias y desarrollo urbano de la municipalidad:

​Martín Augusto Quevedo Carbajal, subgerente de Licencias de Edificaciones Privadas.

​Bryan Alexander Suárez Meza, subgerente encargado y presidente de la Comisión Técnica Distrital.

​Eduardo Díaz Andía, especialista legal.

​Zoila Gisella Moscoso Espinoza, arquitecta verificadora.

​El titular de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

​

Tres proyectos, un mismo patrón

​Según el expediente fiscal al que tuvo acceso HCCNoticias, la comuna habría aplicado un método escalonado para frenar las obras: cada vez que la empresa superaba un obstáculo legal, la municipalidad levantaba uno nuevo.

​El documento detalla que el bloqueo comenzó con la impugnación judicial de sus propios actos administrativos, continuó con el argumento de «pérdida de vinculación» y derivó en constantes objeciones formales. La denuncia advierte que estas trabas se volvieron «cada vez más tempranas», impidiendo el trámite incluso antes de que existiera una resolución que apelar y pese a las advertencias notariales sobre las consecuencias penales de este proceder.

​El encuadre penal del caso

​Si bien la denuncia abarca delitos graves de corrupción como concusión y cobro indebido —extremos que el Ministerio Público deberá corroborar—, los hechos documentados apuntan de forma directa a tres figuras del Código Penal:

​Abuso de autoridad (art. 376).

​Omisión o demora de actos funcionales (art. 377).

​Desobediencia a la autoridad (art. 368).

  1. ​«Un sistema patológico»

​En declaraciones a la prensa, Liliana Campos, abogada de HL Desarrollos Inmobiliarios, calificó el actuar de la gestión miraflorina como un «sistema patológico» diseñado para desgastar financieramente a los inversionistas mediante la aplicación retroactiva de normas.

​«Los funcionarios han modificado el propio sistema administrativo de la municipalidad a su conveniencia, sin respetar los derechos adquiridos. Presentamos tres proyectos distintos bajo las reglas vigentes en su momento, pero la comuna nos exige adecuarnos a normas nuevas. La Constitución está por encima de cualquier pedido irregular; las leyes no se aplican de forma retroactiva», sostuvo Campos.

​La letrada denunció que la estrategia edil busca dilatar los procesos hasta que prescriban, obligando a las empresas a costear largos litigios, e incluso llegando al desacato abierto frente al Poder Judicial:

​«El Primer Juzgado Constitucional de Lima ordenó mediante sentencia y medida cautelar que la municipalidad reciba nuestro primer expediente técnico. Aun así, se han negado a cumplir, al punto de que ya fueron multados por desacato», precisó.

​Finalmente, Campos reveló que el perjuicio económico solo para su representada supera los 30 millones de soles y afecta directamente a más de 200 trabajadores. Ante las múltiples demandas millonarias que enfrenta el distrito, exhortó a la próxima gestión municipal —encabezada por el electo alcalde Muñoz— a ejecutar una auditoría profunda para determinar la responsabilidad económica de los funcionarios involucrados.

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