La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro abrió investigación preliminar contra el alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, y cinco funcionarios de su gestión. La medida responde a una denuncia presentada por las empresas HL Desarrollos Inmobiliarios y HL DI Residencial (representadas por Jaime Terrones León), que los acusan de integrar una presunta organización criminal para obstruir proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) en el distrito.
El caso, registrado bajo la Carpeta Fiscal 415-2026 desde el 17 de julio de 2026, señala a Canales como el presunto instigador de una política municipal destinada a paralizar obras que suman 147 departamentos. Los delitos imputados incluyen concusión, cobro indebido, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y desobediencia a la autoridad.
Los funcionarios bajo investigación
Además del burgomaestre, la carpeta fiscal incluye a piezas clave del área de licencias y desarrollo urbano de la municipalidad:
Martín Augusto Quevedo Carbajal, subgerente de Licencias de Edificaciones Privadas.
Bryan Alexander Suárez Meza, subgerente encargado y presidente de la Comisión Técnica Distrital.
Eduardo Díaz Andía, especialista legal.
Zoila Gisella Moscoso Espinoza, arquitecta verificadora.
El titular de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Tres proyectos, un mismo patrón
Según el expediente fiscal al que tuvo acceso HCCNoticias, la comuna habría aplicado un método escalonado para frenar las obras: cada vez que la empresa superaba un obstáculo legal, la municipalidad levantaba uno nuevo.
El documento detalla que el bloqueo comenzó con la impugnación judicial de sus propios actos administrativos, continuó con el argumento de «pérdida de vinculación» y derivó en constantes objeciones formales. La denuncia advierte que estas trabas se volvieron «cada vez más tempranas», impidiendo el trámite incluso antes de que existiera una resolución que apelar y pese a las advertencias notariales sobre las consecuencias penales de este proceder.
El encuadre penal del caso
Si bien la denuncia abarca delitos graves de corrupción como concusión y cobro indebido —extremos que el Ministerio Público deberá corroborar—, los hechos documentados apuntan de forma directa a tres figuras del Código Penal:
Abuso de autoridad (art. 376).
Omisión o demora de actos funcionales (art. 377).
Desobediencia a la autoridad (art. 368).
- «Un sistema patológico»
En declaraciones a la prensa, Liliana Campos, abogada de HL Desarrollos Inmobiliarios, calificó el actuar de la gestión miraflorina como un «sistema patológico» diseñado para desgastar financieramente a los inversionistas mediante la aplicación retroactiva de normas.
«Los funcionarios han modificado el propio sistema administrativo de la municipalidad a su conveniencia, sin respetar los derechos adquiridos. Presentamos tres proyectos distintos bajo las reglas vigentes en su momento, pero la comuna nos exige adecuarnos a normas nuevas. La Constitución está por encima de cualquier pedido irregular; las leyes no se aplican de forma retroactiva», sostuvo Campos.
La letrada denunció que la estrategia edil busca dilatar los procesos hasta que prescriban, obligando a las empresas a costear largos litigios, e incluso llegando al desacato abierto frente al Poder Judicial:
«El Primer Juzgado Constitucional de Lima ordenó mediante sentencia y medida cautelar que la municipalidad reciba nuestro primer expediente técnico. Aun así, se han negado a cumplir, al punto de que ya fueron multados por desacato», precisó.
Finalmente, Campos reveló que el perjuicio económico solo para su representada supera los 30 millones de soles y afecta directamente a más de 200 trabajadores. Ante las múltiples demandas millonarias que enfrenta el distrito, exhortó a la próxima gestión municipal —encabezada por el electo alcalde Muñoz— a ejecutar una auditoría profunda para determinar la responsabilidad económica de los funcionarios involucrados.