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Ago 21, 24
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ATU denunció penalmente a 36 agresores de 86 fiscalizadores

Atentar contra fiscalizadores de transporte público conlleva una multa de S/5150 y cancelación definitiva de la licencia de conducir.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde el 2022 hasta la actualidad, ha interpuesto 36 denuncias penales contra los agresores de 86 fiscalizadores de la entidad durante los operativos que se realizan contra el transporte informal.

La entidad precisó que interpuso las denuncias por agresiones físicas y lesiones contundentes realizadas con herramientas metálicas.

Con el fin de proteger la vida y la salud de sus fiscalizadores, así como del personal de otras instituciones con las que trabaja de manera articulada, la Procuraduría Pública interpone denuncias de carácter penal a conductores y otras personas responsables por los delitos de violencia contra la autoridad.

Sanción a propietarios

También se denuncian los delitos de producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros y peligro común en el servicio de transporte. Paralelamente, se llevarán a cabo procesos administrativos sancionadores a los propietarios de los vehículos involucrados, por permitir que estos sean utilizados para infringir el reglamento de tránsito y las leyes.

La ATU también recordó que atentar contra la integridad física de sus fiscalizadores durante el desempeño de sus funciones tiene una multa de una UIT, equivalente a S/5150, además de la cancelación de la licencia de conducir y la inhabilitación definitiva para obtener una nueva.

ATU

Conductores o cobradores que agreden a fiscalizadores pueden ir a prisión.

Primera sentencia

En enero del presente año, el Poder Judicial dictó la primera sentencia contra un taxista ilegal que agredió a una fiscalizadora de la ATU durante un operativo realizado en diciembre del 2023 en la av. Arequipa.

El taxista Luis Enrique Ocsas Tumay fue sentenciado a seis meses y 26 días de pena privativa de la libertad por el delito contra la administración pública, así como por violencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado y de la fiscalizadora de iniciales C.I.V.V. Además, se le impuso una multa de S/20 600 (cuatro UIT), por brindar el servicio de manera ilegal.

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