El consultor especializado Gary Ayala Ochoa expresó su preocupación por la dinámica de la principal economía ilícita del país: la minería ilegal e informal, que, según sus estimaciones, ya supera los US$12.000 millones anuales. Asimismo, señaló que sus operadores superarían el medio millón de personas y que podrían llegar al millón si se considera toda la cadena de valor indirecta.
“El Estado, sector privado formal, organizaciones locales y la comunicación social tienen la tarea de convertir a esta actividad de subsistencia en una sostenible, a partir del año 2027”, declaró.
Ayala sostuvo que abordar el problema requiere ir más allá del aspecto legal y remover el sistema económico, laboral, medioambiental y, básicamente, social que sostiene estas actividades. Para ello, planteó ejecutar un nuevo proceso con objetivos racionales, establecer plazos y recuperar espacios por departamento. En ese sentido, consideró que los planes de gobierno de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales y distritales deben alinearse estrictamente con las políticas de Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Una nueva ruta para la formalización minera
“No es difícil observar movimientos comerciales nacionales e internacionales —aunque con poco seguimiento— de la ilicitud minera, de aquella que no cuenta con todos los permisos, por lo cual no contribuye al sistema tributario ni se somete a la debida fiscalización”, señaló.
Advirtió que un escenario de esta magnitud puede generar una grave afectación a la gestión gubernamental, cuyos efectos podrían apreciarse en pocos meses debido al impacto transversal de esta actividad sobre la sociedad.
Frente a este panorama, afirmó que la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), en la etapa posterior al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), debería establecer con precisión el nuevo listado de aspirantes a la formalización, promover contratos justos entre titulares de concesiones y mineros, simplificar los procedimientos administrativos y garantizar la trazabilidad de los insumos químicos y minerales.
También planteó impulsar la bancarización y definir con claridad a la autoridad responsable del proceso, evitando interferencias políticas.
“Se debe cavar la tierra sin riesgo”, concluyó Ayala, quien sostuvo que la formalización será sostenible cuando el minero entienda que cumplir con la ley también representa una oportunidad para desarrollar su actividad de manera segura y rentable.