Según datos del Ministerio de Educación (Minedu) son más de 88 mil casos de violencia sexual, física y psicológica en escolares, de los cuales 15 mil son abusos sexuales que ocurrieron dentro de los colegios hasta el 2024, por lo que las instituciones educativas deberían contar con al menos un psicólogo para evitar este tipo de violencia en los escolares, tal como lo exige la Ley 31902 que «promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas a fin de fortalecer la prevención del acoso escolar en el país».
En ese sentido, el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos, lamentó que el Estado no haya destinado presupuesto suficiente al Minedu para implementar esta ley de manera efectiva, ni para garantizar la presencia de psicólogos en las escuelas durante todo el año académico.
“Hacemos un llamado de conciencia a nuestras autoridades para que sean empáticas con nuestros niños. Podemos evitar que más niños sufran violaciones, agresiones físicas, y psicológicas, porque daña a nuestras familias y nos duele como padres», señaló Vallejos.
Cifras alarmantes
Asimismo, indicó que apenas el 2% de las escuelas públicas cuenta con un psicólogo, lo que equivale a 1848 de los 86 637 colegios que existen en todo el país. Cifra preocupante para los especialistas, dado el contexto de violencia escolar que afecta a os estudiantes.
Si bien este año el Colegio de Psicólogos gestionó ante el Ministerio de Educación un presupuesto adicional para garantizar que los psicólogos permanezcan en las escuelas hasta diciembre, este no está garantizado que continúe en 2025.
El decano solicitó, además, que el presupuesto del siguiente año contemple una partida específica para que el Minedu priorice la salud mental de los niños y adolescentes en las escuelas, asegurando la presencia de psicólogos en todos los planteles a lo largo del ciclo escolar, tal como lo han venido afirmando representantes de esa cartera durante los últimos 13 años. (NDP)
El año pasado el Minedu redujo las plazas de los especialistas en las escuelas, dejando a 300 profesionales fuera. Y en el caso de los que permanecieron, limitó su contratación a siete meses del año escolar. Por ese motivo, el colegio profesional exige que se asegure el contrato para todo el año académico, para no dejar desamparados a los niños y adolescentes en los colegios