La Asociación de Institutos Superiores y Escuelas Superiores del Perú (ASISTE PERÚ) rechazó la incorporación de nuevas etapas y plazos en sus procesos de licenciamiento, renovación y ampliación de oferta educativa ante el Ministerio de Educación, según lo establecido en la ley que delega en el Ejecutivo la facultad de legislar en reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria.
El gerente general de ASISTE PERÚ, Andrés Oblitas, explicó que, si se llegara aprobar dichas ampliaciones, el plazo de dichos procesos pasaría de 120 a 200 días hábiles, que representarían, en términos de días naturales, pasar de 5 meses y 3 semanas, aproximadamente, a no menos de 9 meses y 1 semana.
Reduce competitividad
En representación del gremio que reúne a los institutos y escuelas tecnológicas, pedagógicas y artísticas, que reúne a más del 50% de alumnos de ese segmento, Oblitas expresó que esa medida reduce la competitividad del sector, pues obliga a esperar casi un año para la aprobación de un trámite que toma ahora unos seis meses.
Señaló que el avance de la tecnología y un mercado laboral cada vez más dinámico y cambiante demandan la actualización y renovación constante de los institutos, por lo que no pueden esperar mucho tiempo por la aprobación de un proceso. Además, implica un sobrecosto económico financiero relevante, pues la solicitud de nuevos programas implica implementar antes los talleres, laboratorios e infraestructura por lo menos del primer año.
Cambios en la educación afectan a miles de estudiantes.
Requisitos innecesarios
Oblitas señaló que su gremio ha identificado 300 requisitos innecesarios en los procedimientos de licenciamiento y, además, el constante cambio de ministros ha retrasado la implementación de mejoras en todos los procesos de dicho sector.
El funcionario recordó que hay aproximadamente 600 institutos sin licenciamiento y muchos buscan regularizarse y hacen esfuerzos por dar una educación de calidad donde su debilidad es la infraestructura, principalmente en regiones; pero existen una gran mayoría cuya oferta dudosa sigue expuesta en el mercado y no entendemos que actividades de supervisión por parte de las autoridades no es observada. “El otro problema es que el gobierno no exige licenciamiento y con ello no se supervisa la calidad de educación departida”, agregó el vocero.