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Ago 5, 26
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Ex funcionario municipal es asesinado luego de denunciar a organización criminal dedicada al tráfico de terrenos con documentos falsos

Cuatro años antes de ser asesinado, Herminio Nicolás Alvarado Trejo remitió una carta notarial en la que advirtió que habían falsificado su firma para apropiarse de un predio. También grabó un video en el que responsabilizó a Carlos Villalobos Baca. Hoy la Policía investiga si existe relación entre esas denuncias y su homicidio.

La Policía Nacional investiga el asesinato de Herminio Nicolás Alvarado Trejo (59), quien meses antes había denunciado públicamente que recibía amenazas de muerte tras revelar la presunta utilización de documentos falsificados para favorecer un proceso judicial relacionado con un terreno en Lima Norte.

Su cuerpo fue hallado en una zona descampada de la Fortaleza de Acaray, en la provincia de Huaura. La necropsia confirmó que presentaba dos impactos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio.

El crimen ha generado especial atención debido a que el exservidor de la Municipalidad de Puente Piedra había advertido reiteradamente que temía por su vida. En un video difundido en redes sociales, aseguró ser víctima de amenazas luego de denunciar la presunta falsificación de una constancia de posesión.

La carta notarial enviada antes del crimen

Uno de los documentos que hoy cobra especial relevancia es la carta notarial del 8 de julio de 2022, remitida por Alvarado Trejo a Carlos Eduardo Villalobos Baca.

En ese documento, el exfuncionario señala haber tomado conocimiento de un proceso judicial de prescripción adquisitiva en el que se presentó, como medio probatorio, una Constancia de Posesión N.° 002099, de fecha 3 de febrero de 2003, supuestamente expedida por la Municipalidad de Puente Piedra y atribuida a su firma.

Sin embargo, Alvarado sostuvo que dicho documento era falso, pues nunca lo firmó ni lo emitió. Precisó, además, que en la fecha consignada ni siquiera laboraba en esa municipalidad. En la carta también afirmó que su firma habría sido falsificada y que su identidad habría sido usurpada con el propósito de sorprender al Poder Judicial y obtener una sentencia favorable para apropiarse de un inmueble.

Por ello, exigió a Villalobos Baca rectificar de inmediato esa situación y retirar el documento cuestionado. Asimismo, advirtió que, de no hacerlo, pondría el caso en conocimiento del Ministerio Público, el Poder Judicial y los medios de comunicación, al considerar que los hechos podrían favorecer la actuación de organizaciones criminales dedicadas a apropiarse de propiedades privadas mediante documentación presuntamente adulterada.

Alvarado también denunció la falsificación de planos visados por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Según su denuncia, una presunta red de traficantes de terrenos presentó un visado de planos con fines de prescripción adquisitiva que contenía firmas falsificadas, extremo que —de acuerdo con lo señalado por el propio Alvarado— habría sido corroborado mediante una pericia técnica. Esa documentación, calificada por el denunciante como «fabricada», habría sido admitida por las autoridades judiciales, lo que él consideraba un despojo contra los legítimos propietarios.

Denunció a la presunta mafia

Tras enviar la carta notarial, Alvarado continuó denunciando el caso. Posteriormente difundió un video en redes sociales en el que responsabilizó públicamente a Carlos Villalobos Baca de la falsificación de su firma. Ese video sigue circulando en distintas plataformas digitales y volvió a difundirse tras conocerse su asesinato.

Ver: https://www.tiktok.com/@hccnoticias/video/7387236631293611270

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público desarrollan diligencias para reconstruir los últimos movimientos de la víctima e identificar a los responsables del crimen.

El exfuncionario sostuvo que detrás del caso operaba una presunta organización dedicada al tráfico de terrenos, que utilizaba documentación falsificada para obtener decisiones judiciales favorables. Las investigaciones deberán determinar si existe relación entre las amenazas denunciadas por Alvarado Trejo, la documentación que cuestionó y el asesinato ocurrido en Huaura.

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